El calvario del nuevo comienzo
“Me vine porque, aunque en mi casa trabajábamos cuatro, el dinero alcanzaba cada vez menos para suplir las necesidades mínimas, de los doce que éramos”, relata Dayana Valera de 37 años, quien junto a su hermana migró de Venezuela a Colombia el 19 de noviembre del 2019. Esta es la realidad de miles de venezolanos que han llegado a Colombia en los últimos años, arrastrados por la penuria que vive el vecino país. Pero no siempre fue así, Colombia ha sido más un país de partida que de destino, y ahora afronta el hecho de verse convertido en un gran foco de recepción de migrantes.
Samuel Portela Rocha, Juan Camilo Maya Londoño / periódico.contexto@upb.edu.co
A lo largo de su historia, Colombia ha vivido múltiples épocas de inmigración, como se relata en el podcast de Crónicas Interplanetarias, en su episodio ¿Por qué Colombia es un país racista?, en el que dan cuenta de cómo, durante la colonización que se llevó a cabo el primer gran movimiento migratorio, en el que, durante dos siglos, trajeron a América alrededor de once millones de esclavos provenientes de África.
La investigación desarrollada por Maguema Wabgoul, Daniel Vargas y Juan Alberto Carabalí explica otras migraciones dadas en el territorio colombiano. La segunda gran ola de inmigración ocurrió a finales del siglo XIX y provino de países como Líbano, Siria, Palestina y Jordania, siendo la represión política y social ejercida por el imperio turco-otomano la principal causa; esta inmigración “turca” trajo consigo un gran impacto en la economía, política y cultura de Colombia. El tercer gran flujo de inmigrantes sucedió en el mismo periodo de tiempo que el anterior, pero fue protagonizada por judíos que huían de la Inquisición. La cuarta oleada de inmigrantes fue protagonizada por gitanos durante el siglo XX, siendo los principales detonantes de estos movimientos la Primera y Segunda Guerra Mundial y el huir de la esclavitud.
Por su parte, los movimientos migratorios de alemanes, franceses e italianos se dieron entre el siglo XVI y el XIX motivados por la exploración, el comercio y la botánica. Los alemanes, impulsados por el comercio de quina (Cinchona officinalis) que tenía el pionero Geo von Lengerke; los franceses vinieron para explorar las costas de Urabá y terminaron cultivando cacao; mientras que los italianos se instalaron en lo que hoy se conoce como el territorio de Colombia para implantar, entre otras cosas, industrias productoras de zapatos, bebidas y joyas.
Sin embargo, como expone el estudio ¿Qué sabemos?, coordinado por Migraciones internacionales en Colombia y realizado por Mauricio Cárdenas y Carolina Mejía, Colombia no ha sido gran receptor de migrantes como sí lo fue Argentina durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. La investigación de Tovar Pinzón, Emigración y éxodo en la historia de Colombia, dice también que los flujos de migración que llegaron al país entre finales del siglo XIX y el siglo XX fueron en pequeña proporción, creando colonias en localidades, pero sin un mayor impacto en la sociedad general.
Cárdenas y Mejía mencionan que entre las colonias más destacadas se encuentra la de los sirio-libaneses, que desde 1880 habían llegado al territorio nacional, especialmente a Barranquilla, para dedicarse al intercambio mercantil y comercial a lo largo de la Costa Caribe. Para la década de los veinte llegaron judíos al país, en su mayoría provenientes de Polonia, y crearon colonias en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, especialmente para dedicarse a la artesanía y el comercio.
Aunque los más de 60 años de violencia que ha vivido Colombia han hecho que la situación se invierta, convirtiéndose en una nación expulsora de migrantes. La precaria situación social, económica y política que vive Venezuela ha causado que un gran número de personas migren a territorio colombiano en búsqueda de una mejor calidad de vida para sus familias. Personas como Dayana Valera, Vanessa Núñez, José Sarria, Yexica Mercano o Mildret han salido de su país arrastrados por la necesidad.
Para el 29 de enero de 2021, Migración Colombia reportó que, a fecha del 31 de diciembre de 2020, había en Colombia 1.721.530 ciudadanos venezolanos en el país. Por otro lado, la Plataforma De Coordinación Para Refugiados Inmigrantes De Venezuela (R4V) reportó una cifra de 1.742.927.
Debido a la alta tasa de irregularidad de venezolanos en Colombia y las dificultades para la legalización de su estadía, muchas de estas personas se encuentran indocumentadas en el territorio nacional. Como es el caso de Dayana Valera y su hermana, quienes al llegar a Colombia no pudieron sacar un permiso de regularización porque la convocatoria no estaba abierta y ahora no cuentan con acceso a internet ni conocimiento sobre cómo acceder a estos, ni tienen algún tipo de documentación válida.
Con respecto a esto, el gobierno nacional ha dispuesto de mecanismos de regulación para los migrantes venezolanos en el territorio colombiano, dando cumplimiento al artículo 2.2.1.11.2. del Decreto 1067 de 2015 que establece que “es competencia discrecional del gobierno nacional, fundado en el principio de soberanía del Estado, autorizar el ingreso, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional”. Como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Resolución 5797 del 25 de julio de 2017, en el que se entiende este documento como “un mecanismo de facilitación migratoria para los nacionales venezolanos, que permitiera preservar el orden interno y social, evitara la explotación laboral de estos ciudadanos y velara por su permanencia en condiciones dignas en el país”.
<< FUENTE: Elaboración propia, con información de Migración Colombia.
Para que un venezolano pueda obtener este permiso debe cumplir con las siguientes condiciones: estar en Colombia para el momento de publicación de la resolución, haber pasado por un Puesto de Control Migratorio con pasaporte, no tener una medida de deportación o expulsión vigente ni antecedentes judiciales, ni ámbito nacional ni internacional. El PEP permite a la población venezolana acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo, así como a otro tipo de servicios como la apertura de cuentas bancarias.
Tal es el caso de personas como Vanessa, Mildret y Yexica, a quienes les ha servido para permanecer en el país temporalmente en condiciones de regularización migratoria. Historias como las de ellas dan cuenta no sólo de la aguda crisis que vive Venezuela actualmente, sino también de cómo estos acontecimientos los fuerzan a abandonar su país para empezar de cero en un lugar totalmente nuevo.
Por ejemplo, Yexica Mercano llegó a Medellín con dos de sus hermanas, trayendo lo mínimo para subsistir, sin trabajo y sin conocer a nadie, en septiembre de 2017. Ella es periodista, en su país trabajaba para el canal Venevisión, pero no ha podido homologar su título pues no cuenta con el dinero necesario para hacerlo —cuesta dos millones de pesos aproximadamente—. Por esto no ha podido ejercer su profesión en Colombia a pesar de contar con el PEP y el derecho al trabajo formal que este le ofrece. Debido a la situación empezó a vender productos de repostería como cupcakes en las calles y trabaja en restaurantes atendiendo las mesas, en un horario nocturno y recibiendo un sueldo diario de tan solo 30 mil pesos.
También está Mildret, una mujer de 56 años, quien, por presiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tuvo que abandonar Venezuela luego de que el gobierno tomara la empresa alemana en la que trabajaba. Esto hizo que, el 27 de diciembre de 2019, viniera a Colombia porque su nuera se encontraba en Medellín.
Estuvo dos años sin trabajar, subsistiendo con el dinero que había ahorrado mientras trabajaba en su país de origen. Actualmente, trabaja como niñera y ha dado clases de inglés e italiano, porque tampoco ha podido validar sus estudios pues dejó los documentos en Venezuela.
El gobierno nacional, en el intento por regular el trabajo de los migrantes venezolanos, fue expidiendo y haciendo modificaciones leves al PEP en los siguientes años, hasta la creación del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización - PEPFF con el Decreto 117 del 28 de enero del 2020, en el cual se entendía a este nuevo permiso: “como un mecanismo excepcional y transitorio dirigido a facilitar la regularidad migratoria de los nacionales venezolanos en territorio colombiano, mediante el acceso, de manera alternativa según corresponda en cada caso, a contratos laborales o a contratos de prestación de servicios”.
Este mecanismo, debido a lo enredado de su trámite y al esfuerzo que les representaba a los empleadores para la contratación de un solo trabajador, no tuvo en la práctica la eficacia que se esperaba. Para la adquisición de este nuevo permiso, los interesados debían cumplir casi las mismas condiciones necesarias para conseguir el PEP, adicionándole para este caso “contar con una oferta de contratación laboral en el territorio nacional, por parte de un empleador, o una oferta de contratación de prestación de servicios en el territorio nacional, por parte de un contratante”. Pero el meollo no estaba ahí, el problema radicaba en que era el empleador o contratante quien debía presentar la solicitud ante el aplicativo dispuesto por tal fin por el Ministerio de Trabajo, lo que frenaba cualquier posibilidad de formalización laboral para los venezolanos. Y en la que además tenía que incluir copia del Registro Único Tributario vigente, en caso de ser persona natural y de ser persona jurídica “el Ministerio de Trabajo debía verificar la existencia o representación legal por medio de una consulta al Registro Único Empresarial y Social (RUES)”. Y de no estar obligado a estar inscrito en ese sistema, el empleador o contratante debía aportar el documento respectivo que diera cuenta de su existencia y representación.
Estas condiciones representan para los empleadores una dificultad al momento de querer contratar a algún migrante venezolano que estuviera en condición de irregularidad, pues obligaba a invertir a las empresas recursos en la búsqueda y envío de estos documentos, al igual que el tiempo que tomaría este proceso y su consiguiente verificación y notificación por parte del Ministerio que, en todo caso, podía tener respuesta negativa debido a algún error en la documentación. Como si fuera poco, de haber alguna modificación en el contrato se tendría que presentar un nuevo formulario para el cambio de los términos en el PEPFF.
Con este panorama de irregularidad y complicaciones en los recursos existentes para una regularización temporal que permita el cumplimiento de los derechos de los migrantes venezolanos, esta población debe afrontar y enfrentar además el fenómeno de la xenofobia, las implicaciones de no encontrarse en una cultura y un país propio, y afectaciones en la calidad de vida, como el deterioro de la salud mental.
Mujeres como Mildret han sido víctimas de comentarios despectivos por provenir de un lugar distinto. Otro caso es el de Vanessa Núñez y su esposo José Sarria a quienes, por ser venezolanos, la casera del cuarto donde se alojaban les subió el precio de la estadía el mismo día que se mudaban, a lo que Vanessa agrega que: “nos ponía mucha presión para que saliéramos del lugar, porque al ser venezolanos decía que no teníamos los papeles aquí. Eso fue un rollo”. Ellos se quedaron varados en Medellín con el poco dinero que tenían y sus dos niños, ya que José se enfermó.
Y aunque en Colombia no se han presentado casos muy graves y validados por la autoridad de xenofobia como en otros países que han vivido un fenómeno migratorio similar, el discurso político que estigmatiza a esta población incrementa la percepción negativa de los colombianos hacia a los ciudadanos venezolanos, quienes a causa de estos discursos deben cargar con una imagen negativa, en la que se les responsabiliza por los casos de delincuencia.
Alejandro Daly, codirector de la plataforma Barómetro de Xenofobia, en asocio con Interpreta, una ONG que vigila el avance de la inmigración haitiana en Chile, le explicó en entrevista a DW que han identificado cuatro momentos claves de uso de la xenofobia en el discurso político. Claudia López fue quien, primero, tras el asesinato de dos trabajadores en Bogotá, declaró el 29 de octubre del 2020 en referencia a las cifras de seguridad de la capital que “no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero algunos nos están haciendo la vida a cuadritos”.
El segundo momento vino por parte del expresidente Álvaro Uribe quien, en el marco de las protestas desarrolladas en septiembre de 2020, le pidió en un trino al Gobierno, el 10 de ese mes, “deportar a extranjeros vándalos” por una supuesta infiltración de venezolanos en las manifestaciones. Un tercer momento se dio con las declaraciones del presidente Iván Duque al decir que los migrantes ilegales no serían vacunados contra la Covid-19. Y el cuarto, nuevamente por la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien tras la muerte del patrullero de la policía Edwin Caro volvió a mencionar a los migrantes venezolanos declarando que “no es la primera vez, desafortunadamente (...) que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Respeto profundamente las políticas del gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías”, según registró El País.
Esto se contradice con las declaraciones del director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien en noviembre del 2020 explicó que, “según datos de la Policía Nacional y el INPEC, hay 100.000 personas privadas de la libertad en Colombia. Siendo de estos 2.700 extranjeros, existiendo unos 1.500 venezolanos y que representa únicamente un 1.5 por ciento de esta población”. Solo el cuatro por ciento de los delitos cometidos en el país son perpetuados por venezolanos, explicó Migración Colombia. Por otro lado, según las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, los migrantes venezolanos cometen apenas el dos por ciento de los hurtos en Bogotá.
Este discurso xenófobo además desconoce y desvirtúa el trabajo que deben afrontar los migrantes venezolanos, que en muchas ocasiones sucede en condiciones difíciles. Asimismo, evita la discusión acerca de la explotación laboral a la que se ve sometida esta población por su condición de pobreza e irregularidad.
Tal es el caso de Dayana y su hermana, quienes llegaron primero a Cali impulsadas por unos puestos de trabajo en un almacén de ropa que les ofrecía el dueño del lugar. Sin embargo, cuando bajaron de la terminal de transporte sintieron desolación. El dueño del almacén nunca llegó a reunirse con ellas, y no les respondía los mensajes ni las llamadas. Estuvieron esperándolo cuatro días, pero no apareció. En esa situación logró conseguir otro trabajo en Medellín “en esos camiones que pasan acá de Parmalat y de Pollos mi Finca, a vender en ellos”, cuenta Dayana. El 18 de mayo cumplió un año de haber renunciado ahí, estuvo trabajando desde el 17 enero de 2020 hasta el 18 de mayo de ese año. Los patrones trataban “fuerte” a los empleados, eran déspotas con ellos y solo contrataban venezolanos. Los juzgaban por todo y les decía que nada de lo que hacían servía. “Tú te sentías poquito”, dice Dayana, que entraba a trabajar en ocasiones desde las cinco de la mañana y salía a las nueve de la noche, en jornada continua. Además de las ventas con los camiones por la calle, limpiaba la bodega, los enfriadores y más de 300 sextas.
Todo esto para llegar al final del día a dormir en un cuartico en el que se hacían cinco personas, que vivían separadas por cortinas. De lo más doloroso, cuenta Dayana, fue pedirle un adelanto de dos días a su jefe para mandarle dinero a su madre y que le comprara una torta a su hija que cumplía años, ganaba 300 mil pesos mensuales y mandaba la mitad a Venezuela. La niña cumple el 18 de mayo, mismo día que cobraba, y pidió que le adelantaran el pago para el 16 y así poder enviar el dinero el 17. Pero su jefe dio un no rotundo. Sus compañeros fueron quienes reunieron dinero entre ellos y le ayudaron a que pudiera mandarle a su hija para celebrar su cumpleaños. Ese 18 renunció. Ahora vende café y aromática en el Parque de Belén junto a su hermana, a quien habían despedido desde el inicio de la cuarentena.
Pero también se deben reconocer los aciertos, un avance en materia de inclusión de los migrantes venezolanos lo ha dado el gobierno nacional con la implementación del Estatuto Temporal de Protección Para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal, el cual la presidencia de la república define como un mecanismo jurídico de protección cuyo objetivo es registrar la información de los más de 1.729.000 migrantes venezolanos que se encuentran actualmente en Colombia para, posteriormente, permitir su regularización en el país por un periodo de diez años.
Para acceder a este documento se requiere que las personas se encuentren “en territorio colombiano de manera regular como titulares de un Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), de un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, cualquiera sea su fase de expedición”, incluido el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento a la Formalización (PEPFF); también pueden hacerlo figurando “como titulares de un Salvoconducto SC-2 en el marco del trámite de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado”; habiendo ingresado a territorio nacional “de manera regular a través del respectivo Puesto de Control Migratorio legalmente habilitado, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas migratorias, durante los primeros dos (2) años de vigencia del presente Estatuto”. Por el contrario, también pueden acceder a este permiso si se encuentran “en territorio colombiano de manera irregular a 31 de enero de 2021”.
De este mecanismo esperan ser beneficiarios la mayoría de los migrantes venezolanos contactados en este reportaje, entre muchos otros ciudadanos venezolanos ubicados en territorio colombiano.
FUENTE: Elaboración propia, con información de Presidencia de Colombia. >>
Para optar a este nuevo permiso, la persona también debe estar incluida en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, para lo cual se necesita, según la Defensoría del Pueblo, encontrarse en territorio colombiano; presentar, independiente de si se es mayor o menor de edad, documento de identidad vigente o vencido, que pueden ser “Pasaporte, cédula de identidad venezolana, acta de nacimiento, permiso especial de permanencia”. También debe presentar una “declaración expresa que contenga la intención de permanecer temporalmente en Colombia” y la persona debe “autorizar la recolección de sus datos biográficos, demográficos y biométricos”.
Otro mecanismo implementado para la permanencia regular de los migrantes venezolanos en territorio colombiano es el Permiso por Protección Temporal (PPT) que, como lo publicó la Defensoría del Pueblo, autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especiales, y a ejercer durante su vigencia, “cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral”. Además, le permite al migrante venezolano “acreditar su permanencia en Colombia para los efectos de la acumulación del tiempo requerido para aplicar a una Visa Tipo R” (para quienes aspiren establecerse o fijar su domicilio permanente en Colombia). Se puede optar por este permiso si la persona cuenta con requisitos tales como estar incluido en el Registro Único de Migrantes Venezolanos; no se deben tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos sancionatorios o judiciales en curso en Colombia o en el exterior; ni tener en curso investigaciones administrativas migratorias; tampoco puede tener en su contra una medida de expulsión, deportación o sanción económica vigente; no se deben tener condenas por delitos dolosos; no debe haber sido reconocido como refugiado o haber obtenido asilo en otro país; y tampoco tener una solicitud vigente de protección internacional en otro país, salvo si le hubiese sido denegada.
<< FUENTE: Elaboración propia, con información de Defensoría del Pueblo de Colombia.
Este Estatuto Temporal de Protección le ha hecho ganar buenos reconocimientos internacionales al Gobierno, como el del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (ACNUR), Filippo Grandi, quien aseguró que era “un gesto emblemático para la región”. También la representante en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jessica Faieta, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario de Estado de Estados Unidos y la secretaria general de la OCDE celebraron el nuevo mecanismo, así lo recogió Le Monde, en su edición de marzo de 2021.
Estas mismas organizaciones internacionales como la ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también le ayudaron a Yexica Mercano con su emprendimiento de cupcakes pues ambas organizaciones no gubernamentales le facilitaron la adquisición del material para hacer sus productos de repostería. De igual forma, con la ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, luego de una charla que dieron en la Universidad de Antioquia, Yexica fundó, junto con otros migrantes, una corporación llamada Voluntariado venezolano.
Sin embargo, aún quedan retos a los que el estatuto tendrá que hacerles frente, especialmente en su implementación. La profesora de derecho y ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, Beatríz Eugenia Luna recalca que, para el éxito de una buena comprensión por parte de los migrantes venezolanos, se deberán reforzar los canales de divulgación de la información e incluso la creación de nuevas herramientas que ayuden a una verdadera atención al migrante. La Redsomos también enumera algunas consideraciones, en el punto tres de estas señalan que el estatuto requiere de un mecanismo que recoja la experiencia educativa y laboral de las personas, pues este no vincula de manera inmediata a las personas registradas, para así agilizar el proceso de convalidación de títulos e integración en el campo laboral. Adicional a esto, Razón Pública enfatiza que, para un verdadero éxito de este nuevo mecanismo en materia de migración, se deberá crear una “verdadera política de migración”, que considere mejorar el sistema de asilo, que, por su baja tasa de reconocimiento, solo ha permitido que el 0,8 haya sido reconocido como refugiado en Colombia, lo que desincentiva a los migrantes venezolanos a ampararse en esta medida.
Por otro lado, el Estatuto Especial de Permanencia ayudará a combatir los estragos de la pandemia en la economía nacional. La tasa de desempleo se ubicó en 15,9 por ciento para febrero de este año y una leve mejora se reportó para marzo con 14,2 por ciento, dejando una cifra de 3.437.000 personas desempleadas, según informó el DANE. Además, para el último trimestre de 2020, el PIB del país tuvo un resultado negativo de –3,5 y decayó 6,8 por ciento en el 2020 respecto al año 2019. Y la informalidad laboral en el trimestre móvil diciembre 2020 – febrero 2021, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, fue de 47,4 por ciento para hombres, con un aumento de 2,2 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, y para las mujeres de 49,1 por ciento frente al 48,6 por ciento del año pasado. Esto lleva a tener en cuenta lo dicho por la firma Raddar y que recoge El Espectador: “El gasto de los hogares, sin contar los migrantes venezolanos, ascendió a $414,2 billones, mientras que, si se le suma lo que han gastado estos extranjeros en ese periodo, esta cifra llega a los $430,8 billones”. Agregando a esto que la mayoría de la población migrante que hay en el departamento de Antioquia se encuentra entre los 18 y 39 años, 88.909 venezolanos, lo que equivale a un alto número de personas en edad de trabajar.
FUENTE: Elaboración propia, con información de Defensoría del Pueblo de Colombia.
Sin duda alguna lo más importante recae en que todos los esfuerzos del gobierno nacional y de las organizaciones internacionales se centren en impedir que sigan sucediendo realidades como las de Dayana y su hermana, que se han visto obligadas a ahorrar, más aún de lo que ya hacían, para tener algo que comer el viernes y un poco para rematar el sábado. Pero el domingo no perdona y han tenido que pasarlo sin probar un bocado en todo el día. Por este motivo, debe velarse por la buena implementación de este nuevo Estatuto.
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Trabajo realizado para el curso Periodismo IV, orientado por la profesora Jazmín Santa.
