¿Qué es finalmente la Paz Total?

Laura Vanessa Camacho Londoño / laura.camachol@upb.edu.co

La paz en Colombia ha sido un tema central en el actual Gobierno, que ha impulsado la estrategia de “Paz Total”, la propuesta de negociación y pacificación más ambiciosa en la historia del país y parte fundamental del paquete de reformas propuestas por esta administración. Esta política busca sentar a todos los actores armados ilegales en la mesa de diálogo con el fin de que abandonen las armas, se reduzca la confrontación y disminuya el impacto de la violencia en las comunidades.

Para ello, el Gobierno ha establecido dos rutas: las negociaciones políticas de paz y la sujeción a la justicia. La primera está dirigida a los grupos armados que el Estado reconoce con carácter político, mientras que la segunda se enfoca en estructuras criminales sin estatus político, pero que continúan ejerciendo violencia y afectando a la población civil.

El Ejecutivo ha planteado ocho frentes de negociación, conocidos como “tableros de juego”, con los cuales se busca dar respuesta a los problemas de seguridad más críticos en zonas urbanas y rurales.

Las condiciones de cada grupo, de cada territorio y hasta de cada comisión negociadora son retos todavía no muy claros de la Paz total. En la imagen, conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, división del ELN en Nariño. Foto: Presidencia de la República.

¿Cuáles son sus objetivos y fundamentos?

La Paz Total se concibe como un proceso integral que busca transformar los territorios a través de cinco ejes fundamentales:

·       Apostar por el diálogo como vía para poner fin al conflicto y fortalecer el Estado Social de Derecho.

·       Desescalar la violencia y generar alivios humanitarios.

·       Impulsar la transformación territorial cerrando brechas sociales y atendiendo las necesidades económicas, culturales y ambientales de comunidades urbanas y rurales, con el fin de evitar la repetición del conflicto.

·       Cumplir con la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, considerado la base de la Paz Total.

·       Fomentar una cultura de paz en los territorios que garantice la no repetición de la violencia.

En este marco, la Paz Total ha centrado sus esfuerzos en la negociación con los grupos armados y la reducción de la violencia. No obstante, otros aspectos como la implementación del Acuerdo de Paz han quedado en segundo plano, y hasta el momento, los avances han sido pocos a pesar de los pronunciamientos del Gobierno.

Los inicios de este proyecto

El 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia con una ambiciosa propuesta: la Paz Total. Este proyecto buscaba entablar negociaciones con la mayoría de los grupos armados a lo largo de su mandato, con el objetivo de reducir la violencia y avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional.

Así lo expresó en su programa de gobierno:

“La paz es un nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la gente, en particular de las víctimas. El Pacto Histórico es la paz, un gran tratado de paz para Colombia. Nuestro objetivo es superar la violencia y generar una cultura de paz para alcanzar la paz completa y el buen vivir de la población. Por ello, cumpliremos a cabalidad los acuerdos de paz con las FARC y retomaremos las negociaciones con el ELN para finiquitar la existencia de la insurgencia armada en Colombia a partir del diálogo político. Implementaremos un proceso pacífico de desmantelamiento del crimen organizado mediante la vía del diálogo y sometimiento a la justicia de los diversos grupos multicrimen y organizaciones ligadas al narcotráfico. Cambiaremos el paradigma de la guerra contra las drogas por el de la regulación y garantizaremos la reparación integral de las víctimas” (P. 49).

Antes de su posesión, se realizaron acercamientos preliminares y confidenciales entre representantes del Gobierno y distintos grupos armados y estructuras criminales. Estos primeros contactos sirvieron como base para la apertura de diálogos formales y públicos.

En agosto de 2022, el Clan del Golfo anunció un cese unilateral al fuego. Poco después, el Gobierno sostuvo reuniones con el Estado Mayor Central, lo que llevó a otro cese unilateral en septiembre. En este contexto, se firmó el pacto de Buenaventura y en noviembre se instaló la mesa de negociación con el ELN.

Las leyes que respaldan el proyecto

Para dar respaldo legal a la estrategia de Paz Total, el 4 de noviembre de 2022, Petro sancionó la Ley 2272 de 2022, que modificó, amplió y prorrogó la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997). Esta norma permitió al Gobierno iniciar diálogos con el ELN, las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia y con el Clan del Golfo, tal como se menciona en la Revista Pesquisa de la Universidad Javeriana.

Dentro de este marco, se contemplaron beneficios como rebajas de penas y la no extradición, a cambio de la entrega de armas, información sobre rutas del narcotráfico y la devolución de bienes y dinero obtenidos de manera ilícita.

Esta ley otorga facultades al presidente, al Alto Comisionado para la Paz y al Gobierno para avanzar en procesos de diálogo con organizaciones con estatus político, así como en acercamientos exploratorios con estructuras armadas de alto impacto vinculadas al crimen organizado.

Además, define los mecanismos, lineamientos y estrategias para la negociación y el diálogo con actores armados y estructuras criminales. Establece la posibilidad de adelantar negociaciones de paz con los grupos que tengan estatus político y procesos de sometimiento a la justicia para estructuras armadas de alto impacto.

Uno de los puntos clave de esta normativa es clasificar y caracterizar a los grupos armados para orientar los procesos de negociación. Para ello, se creó la Instancia de Alto Nivel (Decreto 2655 de 2022), un organismo encargado de estudiar, analizar y determinar qué estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto podrían acogerse a los beneficios de la política de paz. Esta instancia está integrada por el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz, según explican la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC).

Según el análisis de estas organizaciones, hasta el momento, el funcionamiento de la entidad no ha sido del todo claro y aún no se conocen los criterios específicos para definir el estatus político de un grupo armado, ni cómo estos criterios se articulan o reemplazan metodologías anteriores. Habitualmente, los gobiernos han establecido parámetros como el nivel de organización, la capacidad de afectación, el grado de violencia y el control territorial para diferenciar unas estructuras de otras.

En complemento a la Ley 2272, otro pilar fundamental de la Paz Total es la ley de sujeción, sometimiento o acogimiento a la justicia. Un primer borrador se presentó en febrero de 2023 y se radicó formalmente en mayo, pero el proyecto terminó archivado en el Congreso sin superar debates; por problemas de tiempo y agenda legislativa y por la falta de consenso en aspectos clave del esquema de sometimiento.

La falta de una ley de acogimiento o sujeción a la justicia afecta directamente a los procesos que el Gobierno adelanta con estructuras criminales de alto impacto, ya que deja sin un marco legal o piso jurídico definido los acercamientos y diálogos iniciados en Medellín y Buenaventura. Lo anterior, genera incertidumbre entre los miembros de estos grupos criminales, quienes podrían percibir que no existen garantías claras dentro del proceso.

Las negociaciones con los “tableros de juego”

Otro eje de la Paz Total ha estado marcado por la implementación de acuerdos, el avance en negociaciones con grupos armados y la instauración de ceses al fuego.

En este proceso, el Gobierno ha entablado diálogos con las principales estructuras armadas del país. Entre ellas, las disidencias de las FARC, representadas por el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia; el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia); y Los Pachenca (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada). A nivel urbano, se han instalado mesas de negociación en Medellín con 12 organizaciones criminales y en Buenaventura con los grupos Shottas y Espartanos. En Quibdó, las conversaciones avanzan con otras tres estructuras del crimen organizado.

Cada negociación ha tomado un rumbo distinto, influenciado por la naturaleza de los grupos armados, las dinámicas territoriales y las decisiones gubernamentales. Sin embargo, una de las estrategias más controversiales ha sido la implementación de ceses al fuego, un componente clave de la Paz Total.

El 31 de diciembre de 2022, el Gobierno expidió cinco decretos que establecieron el cese bilateral de hostilidades con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y Los Pachenca. Estas disposiciones ordenaron la suspensión de operativos militares y policiales contra dichos grupos, algunos ya anunciaron ceses unilaterales como gesto de acercamiento.

No obstante, la falta de protocolos claros y mecanismos efectivos de monitoreo generó cuestionamientos sobre la viabilidad de la medida. Las tensiones dentro de algunos grupos llevaron a la suspensión total del cese en el caso del Clan del Golfo y a una interrupción parcial en el del Estado Mayor Central.

El proceso con el ELN se encuentra en crisis. El 3 de agosto de 2024, el cese al fuego con esta guerrilla no fue renovado y, el 17 de enero, el presidente anunció la suspensión de los diálogos, tras los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC en la región del Catatumbo. Las confrontaciones dejaron decenas de muertos y provocaron el desplazamiento de más de 50.000 personas, profundizando la crisis humanitaria en la zona. Más recientemente, ese grupo guerrillero responsabilizó al Gobierno pro la ruptura del proceso y deploró el desempeño del Comisionado Otty Patiño.

El panorama de la Paz Total sigue siendo incierto, con avances en algunas mesas de diálogo, pero también con desafíos que ponen en duda la viabilidad de la estrategia gubernamental.

¿Cómo avanzan los procesos de diálogo con cada uno?

En el siguiente mapa se puede conocer cómo están las mesas de diálogo con cada grupo de la Paz Total. Para su funcionamiento debe abrir el enlace y darle en la opción "presentar”, de esta manera, podrá profundizar la información completamente.

¿Qué se espera para el 2025?

Para ampliar las perspectivas con respecto a la paz total, Martin Vanegas, economista, docente de Eafit e investigador sobre este proyecto, presenta en este producto sonoro posiciones y análisis con respecto al estado actual del mismo, las debilidades y lo qué se puede esperar para estos 17 meses restantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

¿Tambalea la Paz Total o necesitará el presidente un acelerador para cumplir la propuesta con la que llegó a la Casa de Nariño? El siguiente podcast detalla la información: