Urbanización ilegal en Medellín, entre la necesidad de unos y el afán de otros

Por: Miguel Ángel Álvarez Mejía / miguela.alvarez@upb.edu.co

La ciudad de Medellín, conocida por su templanza y capacidad de transformación, enfrenta un fenómeno creciente que amenaza con desbordar sus fronteras y capacidades: el crecimiento urbano informal en más de 65 puntos críticos. Lejos de ser solo un problema de ocupación del suelo, esta situación refleja las tensiones económicas, sociales y políticas que convergen en una urbe que, a pesar de sus avances, sigue lidiando con profundas desigualdades y una compleja realidad que pone en riesgo a muchos de sus habitantes. 

Un panorama de la urbanización informal en Medellín. Miguel Ángel Álvarez Mejía.

Los asentamientos informales no surgen en el vacío. Son la manifestación tangible de la incapacidad del Estado para garantizar vivienda digna y del desamparo que sienten miles de familias que carecen de oportunidades para tener un lugar donde vivir. "Especialmente en Medellín, a la violencia y el desplazamiento se han sumado otros factores que han incidido en la formación de estos asentamientos. La confluencia de dos fenómenos antagónicos: el desplazamiento, por un lado, y la sobre-regularización del uso del suelo, por el otro, han generado, que desde su capacidad económica, la población desplazada no tenga la posibilidad de acceder a una vivienda ofrecida por el mercado inmobiliario. Por su parte, los precios excesivamente elevados del suelo urbanizado en el mercado formal, son consecuencia lógica de una regulación excesiva y del sistema capitalista regido por normas de oferta y demanda, que terminan por conformar un mercado del suelo elitista y excluyente", señalan los abogados Dany Granda Jaramillo y Juan Camilo Mejía Walker en el artículo Irregularidad en la ocupación del suelo en Medellín.

En relación con el fenómeno de sobre-regularización que señalan los investigadores, Diego Andrés Molano, contador público de la Universidad de Antioquia, explicó: "Los procesos de legalización, regulación y titulación en el Municipio de Medellín han sido la principal respuesta frente al fenómeno de los asentamientos irregulares que la ciudad ha experimentado a la par de su crecimiento económico, desde mediados del siglo pasado".

Y es recurrente. Por ejemplo, la ciudad ha visto impotente cómo se volvió a poblar de casas de cartón y material el antiguo morro de basura del sector de Moravia, luego de la intervención integral que reasentó en urbanizaciones del occidente a cientos de familias que vivieron en lo que fue declarado zona de alto riesgo no mitigable en 2004.

El antiguo morro de basura en el sector de Moravia es ejemplo de la recurrencia de la urbanización ilegal en la ciudad.

Foto: Alcaldía de Medellín - El Colombiano.

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de la Alcaldía de Medellín cita cifras de la Encuesta de Calidad de Vida para señalar que durante 2023 en Medellín alrededor de 21% de los hogares, es decir unos 200.033 se encontraban en viviendas con algún tipo de déficit habitacional, y cerca de 15% vivían en casas con déficit cualitativo, lo que equivale a 145.986. En ese contexto, los subsidios para el mejoramiento de viviendas son otra solución gubernamental.

Es por hechos como los anteriores que la situación no puede ser atribuida únicamente a la falta de políticas habitacionales efectivas. En zonas más vulnerables, el derecho a la vivienda también entra en las dinámicas de poder territorial de grupos delincuenciales que, aprovechándose de la necesidad, imponen su ley. 

A junio de 2024, la Alcaldía de Medellín ha realizado 460 operativos para el control de construcciones ilegales y detectado 65 puntos críticos en los que se ocupan parques públicos con estructuras para vivienda y hasta comercios, lo que da cuenta del factor económico que incide en este fenómeno. Ya incluso en pandemia se conocieron casos de urbanizaciones ilegales en corregimientos como Santa Elena y San Antonio de Prado, pero más recientemente se han conocido casos de demoliciones de locales comerciales en la parte alta de Calazans y parque públicos invadidos en el Doce de Octubre. Hay un fenómeno movido también por el afán del lucro detrás del cual hay organizaciones ilegales.

Según la Alcaldía de Medellín, hasta el mes de agosto, se tienen registrados 1.200 informes técnicos con reportes de edificaciones ilegales, de las cuales, en las 15 comunas, el gobierno ya ha realizado labores de remoción. Estas acciones han conducido a la "recuperación de 17.925 metros cuadrados de espacio público", según las autoridades.

Demolición de locales comerciales en un parque público del Doce de octubre, en octubre de 2024. Foto: Alcaldía de Medellín.

Luis Fernando Vallejo, habitante del barrio Santo Domingo, no solo lleva 56 años siendo testigo de esta problemática, sino que además llegó a esta zona de la comuna 2 de Medellín, buscando un lugar donde vivir. Según él, "por aquí la única ayuda del Gobierno es coger los terrenitos y tumbarlos. Dejan a la gente sin sus casitas y la pobre gente queda peleando", afirmó, asegurando que, en cuestión de perspectivas, lo que para el gobierno se convierte en acciones de progreso y transformación, para otros, significa una manera violenta de reivindicarse. 

Fernando relata cómo se hizo habitual la invasión o apropiación de terrenos, como parte de la historia de su barrio, que es la de muchos otros en Medellín y ciudades similares: "La gente cogía terrenos, los cercaba y ahí mismo les ponían una bandera para cercar los ranchitos. Incluso, todavía esa manera de hacerlo sigue ocurriendo, hay mucho de eso por aquí".

En contraste, está el mandato del Gobierno de no permitir que los ciudadanos asuman riesgos en la necesidad de tener un techo, necesidad que implica factores psicológicos también. Según Juan Manuel Velásquez, secretario de Control y Gestión Territorial, el equipo psicosocial de esa dependencia realiza en cada intervención un trabajo de campo en el sector con el propósito de sensibilizar, difundir la oferta institucional con opciones habitacionales y evitar que las personas adquieran lotes en cualquier parte y a cualquier precio.

En efecto, los urbanizadores ilegales ponen su precio y, en caso de retraso en las cuotas, el precio es la expropiación por vías de hecho, como lo han denunciado las autoridades y organizaciones sociales. Según Samuel Galvis, vicepresidente de una Junta de Acción Comunal de la comuna 2, "El Gobierno briega por no meterse en esa tensión porque saben quiénes son los que mandan por acá. El Gobierno, en vez de ayudar a favorecer con créditos o habilitar recursos disponibles, viene es a tumbar. Es muy triste ver cómo las personas quedan a la deriva y sin recursos para rehacer su vida". 

En el corregimiento de Santa Elena las autoridades adelantan mesas de trabajo con la comunidad sobre las construcciones ilegales. Su aumento ha puesto en aprietos la oferta de servicios públicos. Foto: Alcaldía de Medellín. Agosto de 2024.

"En los operativos realizados con el acompañamiento de la Fuerza Pública se ha identificado cómo algunas personas edifican en zonas de alto riesgo, cerca de cables de alta tensión, laderas y ríos, o en áreas de conservación ambiental". A su turno, el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, señala que: "La Alcaldía busca preservar la vida en medio de un alto riesgo no mitigable. El deslizamiento es un riesgo alto que podemos tener; en el caso de Moravia, el riesgo que se corre con los gases podría generar incendios". Y aunque estas razones son válidas y comprensibles, lo que no deja de levantar cuestionamientos de la ciudadanía son las formas en que los operativos vulneran las garantías de los ciudadanos que son finalmente víctimas, tanto de quienes les ofrecen terrenos ilegales como de la falta de oportunidades para acceder a vivienda formal.

Por su parte, las autoridades han señalado que cada vez es más frecuente la necesidad de hacer los operativos con el acompañamiento de la fuerza pública, al encontrar oposición cada vez más violenta a las intervenciones. El secretario también sostuvo que "las labores de vigilancia y prevención han permitido conocer la dinámica de la ciudad y entender que en todas las comunas hay construcciones irregulares que ponen en riesgo la vida. Uno de los casos puntuales es el sector de La Asomadera, donde ha tocado ir con toda la institucionalidad debido a la alteración del orden público que se presenta cada vez que llega nuestro personal". 

Son cada vez más las ocasiones en que los operativos reciben respuesta violenta. Las autoridades afirman haber identificado a los mismos individuos en diferentes ocasiones. Foto: Alcaldía de Medellín. Junio de 2024.

"Actuamos en compañía de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, encargadas de identificar a las personas que están detrás de la ilegalidad. La alerta se emite y queremos que los ciudadanos nos ayuden a entender que a Medellín la tenemos que construir bien entre todos", añadió el secretario. 

Queda la duda de qué tan posible es evadir la presión de los grupos delincuenciales dedicados a la renta urbanística y la construcción ilegal. Jhon Vargas, líder activo de una Junta de Acción Comunal de la zona nororiental de la ciudad, sostiene que: "Lastimosamente, tomar esta decisión se vuelve prácticamente en venderle el alma al diablo. Las bandas se convierten en pagadiarios de los terrenos y, por la contraparte, resulta difícil para muchos, con sus pocos recursos, estar al día con los pagos. Es común ver a las personas siempre alcanzadas para pagarles a ellos esa plata; muchas veces solo les alcanza para pagar los intereses". 

Vargas resume el juego de suma cero que hay detrás de este auge urbanístico: "Es muy común ver cómo, por quedarles mal, estos grupos se toman posesión de las pocas cosas de valor que la gente tiene, como prenda de garantía para saldar la cuenta pendiente; hasta que terminan desplazadas de por acá". Según él, su modus operandi es: "Vulgarmente, lo que hacen es bravear, amenazar de muerte e incluso atentar contra la integridad de la propia familia". 

El panorama solo parece incrementar las posibilidades de desamparo de quienes necesitan un techo propio en Medellín, donde, bajo el nombre de gentrificación, nos estamos dedicando a observar el problema de vivienda que persiste y apenas comenzamos a reconocer cuáles son los factores que determinan y agravan la insuficiencia en la oferta de vivienda consolidada y accesible, que perpetúa un ciclo de precariedad y desprotección que deja en el aire las responsabilidades frente al fenómeno y los sueños de miles de hogares.