También la desinformación lleva a los niños migrantes a las calles

Carolina Meneses Botero / carolina.meneses@upb.edu.co

“Empezaron a arrancarme los niños a las malas y yo decía ‘pero, ¿qué estoy haciendo?’ Y ellos respondían ‘la vamos a deportar, mandar para Venezuela y le vamos a quitar los niños’. Yo me puse desesperada a gritar, llorar y preguntar por qué”. En el episodio que relata Edgary Sorely están las causas y conflictos de la presencia de niños migrantes en la calle. Para los padres y madres, es la mejor alternativa ante la necesidad cuidarlos mientras se busca lo necesario para sobrevivir; para las autoridades, se configura una situación de explotación. Estas son las voces que se cruzan en una situación de pobreza y desempleo, agravados por la confusión.

Según la Ley 1098 de 2006, todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio colombiano, son sujetos con derechos y deben ser protegidos por las autoridades sin importar su nacionalidad.

Así, los niños que viven el éxodo venezolano deben tener acceso en Colombia a salud, educación y todas las necesidad básicas para su desarrollo. Pero muchas de las circunstancias que llegan al país escapan al control de las autoridades: muchos pasan la frontera solos y en ese tránsito se exponen a ser explotados de muchas formas, a vivir en situaciones de riesgo, en las que, por ejemplo, es difícil distinguir cuándo los niños se encuentran en las calles mendigando o acompañando a sus padres a trabajar.

De un lado a otro

Colombia es uno de los países que más ha sentido las consecuencias de la crisis venezolana al ser, a la fecha, el mayor receptor de personas de ese país en el mundo. Según el informe de Distribución de Venezolanos en Colombia 2020, realizado por Migración Colombia, a diciembre 31 había en el país un total de 1 729 537 de ciudadanos de ese país, 762 823 con su estado migratorio en regla y 966 714 en la irregularidad. De ese total, se estimó que alrededor de 404 598 son niños, niñas y adolescentes.

Mucho se ha hablado de las diferentes alternativas y programas que se pueden ejecutar y que de los que avanzan actualmente, para mitigar los impactos adversos asociados a la migración forzada por los problemas económicos, sociales y políticos en Venezuela, en beneficio tanto de la población local como migrante y mediante principios de solidaridad.

En los últimos años aumentaron las cifras de niños, niñas y adolescentes migrantes que fueron atendidos por los programas institucionales de Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Cifras de este último revelan que en 2017 fueron atendidos 22 113 casos, en 2018 la cifra llegó a 62 247 menores y en 2019 la cifra aumentó hasta 66 231. Según Migración Colombia, el 99 % de los menores venezolanos atendidos en 2019 fueron asistidos por los servicios de Primera Infancia y el restante en programas de prevención y protección.

El momento en que la Policía traslada a los niños de Edgary Sorely. La desinformación agrava situaciones como las que ella vivió.

Imagen: captura de Youtube. >>

Entre las cifras, la ley y "lo del día"

En Medellín se conocen casos de diferentes padres y madres migrantes que aseguran haber sido separados injustamente de sus hijos por la supuesta condición de mendicidad en que los encontraron las autoridades en la calle. Muchos niegan haber practicado la mendicidad y denuncian un patrón en la manera cómo las autoridades están manejando sus casos tan solo por ser venezolanos.

CONTEXTO conoció el caso de Yelimar Gallardo, madre migrante de dos niños de uno y tres años de edad, a los que tuvo que llevar a su jornada para vender dulces porque su cuñada no pudo ayudarle a cuidarlos como siempre lo hacía. “Estaba por Buenos Aires vendiendo caramelos y café, y llegó Infancia y Adolescencia y me dijo que no podía estar trabajando con los niños. Llegaron los policías y me montaron en el carro”, contó Gallardo.

La mayoría de los casos en los que interviene la Policía se presentan con padres que salen a trabajar informalmente con sus hijos porque afirman que no tienen dónde dejarlos y no pueden quedarse en casa con ellos.

La Ley 1098 de 2006 establece que los niños y niñas no pueden trabajar o practicar la mendicidad, sino que deben estar centrados en realizar actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales, que deben estar supervisadas por los padres y las autoridades locales. El intendente Jaime Vélez, de la Policía de Infancia y Adolescencia, explica que el ejercicio de la mendicidad aparece a partir del momento en que el padre sale con el niño a trabajar; dice que, incluso en los casos en que los padres aseguran que no tienen con quién dejarlos en casa, “la vulneración existe y se debe hacer el proceso de restablecimiento de derechos”, señala que es por eso que la Policía entra en acción verificando la identidad del niño para realizar el traslado hasta una sede del ICBF e iniciar el proceso administrativo.

Sobre la falta de alternativas de los padres que salen a trabajar con sus hijos, el intendente Vélez explica: “No es lo mismo vender solos que con los niños, porque cuando están con los niños, venden más (...) los seres humanos tenemos compasión y esa es la que hace que nosotros saquemos del bolsillo para que se ayude de alguna manera a ese niño. Pero entonces eso lo han usado como un mercado comercial que realmente lo que hace es poner en riesgo la integridad de los menores y que sean usados con tales fines”.

Al momento de detectar los casos directamente en la calle o por llamadas de ciudadanos, la Policía de Infancia y Adolescencia se acerca a los adultos para explicarles el proceso y por qué se va a hacer el traslado de los niños. El intendente Vélez dice que los niños y niñas no deben estar expuestos y asegura que: “Si uno ve un padre por ahí con sus hijos comiéndose un helado o caminando, en ningún momento va a haber un procedimiento”, señala que es diferente cuando un policía ve a un niño con una bolsa de dulces o recibiendo monedas.

CONTEXTO conoció de primera mano la experiencia de Edgary Sorely, migrante y madre de dos niños, de dos y seis años, que vive en Colombia con su familia hace tres, después de haber pasado la frontera terrestre. Edgary cuenta que estaba esperando que los carros pararan en una glorieta para pasar la calle con sus hijos cuando llegó la Policía de Infancia y Adolescencia diciendo que tenían que llevarse los niños por ejercer la mendicidad.

De la escena existe un video en Youtube donde se puede observar a los niños gritando, mientras uno de los policías jala de los brazos a Edgary para que suelte al niño mientras la niña ya está en manos del otro agente. La madre afirma que no estaba mendigando. Un conocido suyo, que la ha ayudado con mercado y cosas para los niños, confirmó la versión de ella y pidió la reserva de su identidad.

Preguntado por el caso de Edagry Sorely, el intendente Vélez explicó: “Ese cuadro del traslado siempre va a ser de impacto porque, aunque el niño esté vulnerado, él jamás va a querer separarse de la madre, y la madre no va a querer tampoco entregar a sus hijos (…). Nosotros como policías recibimos la preparación para evitar al máximo en esa situación que los niños tengan que sufrir esos escenarios haciendo uso proporcional de la fuerza”.

Vélez cuenta que al momento de hacer el traslado es muy probable que los padres o quienes están alrededor traten de evitar el procedimiento, “entonces ahí somos muy claros en decirle a las personas que prima el interés superior del niño. Es que los niños requieren esa protección, si los padres no están garantizando esos derechos, el Estado no puede hacer caso omiso”. Añade que el Estado, la familia y la sociedad son corresponsables de los derechos de los niños.

Edgary tomó la opción que le dieron los agentes de subir a la patrulla para acompañar a sus hijos, con el objetivo de aclarar la situación. “En ese momento estaba trabajando a tres cuadras de ahí, y yo les dije, pero ellos insistían en que yo estaba mendigando con mis hijos. Yo les decía que miraran cómo estaban vestidos y todo”, explica. Y recuerda que cuando llegó al ICBF, los funcionarios le dijeron que “si le quitaron los niños fue por algo” e inmediatamente se inició un proceso de restitución de derechos.

Los derechos de los niños

Según el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, son “derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.

La verificación de identidad que se hace al iniciar el proceso busca, en primera instancia, garantizar uno de los derechos fundamentales: derecho al nombre. Las autoridades cuentan que en las verificaciones se han encontrado varios casos en los que los menores ni siquiera han sido registrados, lo cual es una violación de un derecho fundamental que avala el procedimiento oficial. En otros casos la Policía se percata de que los adultos que están con los menores no son sus padres. El intendente Vélez manifiesta que es importante reconocer que la migración venezolana ha aumentado la mendicidad y la explotación de los infantes, que “hasta se alquilan en ocasiones para esas actividades. Son instrumentalizados”.

Según cifras de la Policía de Infancia y Adolescencia, en lo que va del año 2021, en Medellín se trasladaron para su proteción 66 menores venezolanos. Una vez los menores se encuentran bajo la protección del ICBF, la entidad comienza una investigación para hacer la verificación y el restablecimiento de derechos en los casos que lo requieran, proceso que puede durar varios meses puesto que se hace una ratificación de los derechos vulnerados y un proceso con los padres antes de devolver los niños a sus hogares, si la opción aplica.

Por su lado, el ICBF cuenta con un reporte con corte a junio 30 de 2021 según el cual a esa fecha se atendió la restitución de derechos de 308 niños venezolanos, aunque los datos no especifican el motivo de atención.

Edgary Sorely sostiene que hubo errores en su caso. El intendente Vélez aclara que: “Hay muchas excusas por parte de los ciudadanos, incluso hay demandas de que los procedimientos han sido arbitrarios, pero cuando se entra a hacer la verificación, se constata que ha existido la vulnerabilidad”.

Edgary cuenta que, luego de tener varias sesiones, entregar sus pruebas de sus actividades laborales y los certificados educativos de los menores para mostrar que los niños no eran víctimas de ninguna vulneración, el ICBF igualmente consideró que los niños habían practicado mendicidad y devolvió los niños solo tras la firma de un documento donde hacía constar la situación y responsabilizaba a los padres de que el hecho no se repitiera y se brindara a los niños “condiciones mínimas de protección y salubridad”.

El ICBF confirmó que, según la Ley 1878 de 2018, la autoridad administrativa realiza la verificación de cumplimiento de las acciones interpuestas a la familia del menor. Sin embargo, Edgary dice que en su caso “es como si nada pasó”, pues desde el día en que los niños volvieron a su casa no recibieron más llamados o comunicados de la entidad.

La divulgación de la oferta institucional parece incompatible con la realidad de familias que siguen sin encontrar respuestas para el apoyo que requieren ante su situación de informalidad o desempleo y el cuidado de niños y niñas. Foto: ICBF.

La desinformación, otro estigma

Yelimar y Edgary manifestaron no haber recibido beneficios o apoyos por parte de Gobierno, cuentan que les han proporcionado varios números telefónicos para obtener servicios de salud para los niños, los cuales ambas consideran como principal prioridad. Pero en las líneas telefónicas nunca econtraron comunicación y todas las ayudas que reciben son de organizaciones o personas particulares.

Cupos dedicados en programas como Buen Comienzo, en convenio entre la Alcaldía de Medellín y el ICBF, e inscripciones especiales en el Sisbén están entre la oferta dedicada a la niñez migrante y que buscan facilitar que los padres puedan ir a trabajar y los niños y niñas eviten la mendicidad. Según el intendente Vélez, en sectores críticos como La Alpujarra se hacen jornadas de información con volantes y otros medios constantemente, explica que los adultos pueden asesorarse con el 123 Social e informarse sobre el acceso a todos los programas.

Un informe del ICBF revela que alrededor del 98.02 % del total de la población migrante atendida en Primera Infancia corresponde a beneficiarios provenientes de Venezuela, el documento aclara que los menores pueden obtener permisos de permanencia y vincularse a los programas de salud, educación y recreación yendo a la Alcaldía de Medellín para ser guiados. La entrada en vigencia del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que llega ya a su segunda fase, facilita el acceso a estos servicios. Según el ICBF, avanza la etapa de registro y caracterización para determinar el número de beneficiarios y cuántas de esas personas están en mayor grado de vulnerabilidad.

Pero el teléfono sigue roto para padres y madres como Edgary y Yelimar, que no conocen y no acceden a estos beneficios, lo que en últimas reduce las opciones para los niños, que terminan en las calles.