La guerra no conoce cédula

Por: Héctor Andrés Mendoza Lara y Juan Pablo Patiño

—*Alexander, siquiera despertó. Le tengo dos noticias: una buena y una mala.

—Uy, cómo así doctor. Deme la mala primero.

—Le tuvimos que amputar su pierna izquierda.

—¿Y cuál es la buena?

—Que de ahora en adelante usted se levantará con el pie derecho.

Entre risas, Alexander recuerda que, en medio de aquel momento, captó la broma y el mensaje que quiso darle el médico. Tenía razón. Ese día la guerra para él había terminado.

La vinculación de niños y niñas a la guerra trunca no solo sus proyectos de vida, sino las oportunidades de desarrollo en el entorno que vienen con ellos. Foto: Héctor Mendoza.

Futbolista en ciernes

Para el año 2000, Alexander tenía 10 años y suspiraba con los títulos de la Copa Libertadores que Óscar Córdoba, Chicho Serna y el Patrón Bermúdez ganaban con Boca Juniors. Vivía en Caquetá, departamento que fue testigo de la zona de despeje que decretó Andrés Pastrana para facilitar el diálogo con la guerrilla de las FARC.

"Soñaba con ser futbolista. Recuerdo un partido al que le faltaban dos minutos, íbamos perdiendo. Hay un tiro libre como a diez metros de la portería y decido cobrarlo: el balón se eleva por encima de la barrera, ¡tan!, pega en el palo y entra. El portero se quedó quieto.

"Era fútbol campesino, pero a la gente le gustaba vernos. Tanto así que apostaban. Cuando eso el billete más grande que yo conocía era el de diez mil, a veces me regalaban plata y con eso mi mamá tenía pa’ mercar todo el mes. Me ilusioné.

"La plata iba en aumento, vivimos de jugar fútbol casi un año. Me regalaron unos guayos de colores muy bonitos. Luego entendí que todo eso venía del narcotráfico. Pensé que ese era el camino.

"Me hice cercano a ellos. Entre mandado y mandado terminé reclutado para las filas de las FARC".

El reclutamiento

<< Ilustración: Héctor Mendoza.

El testimonio de Alexander Vargas es uno de los de 6 068 niños que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fueron reclutados por las FARC entre 1960 y 2016.

Su partido ahora es en los tribunales. Él es uno de los representantes de las víctimas de reclutamiento, o del caso 07, ante la Justicia Especial para la Paz.

Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, el país es el tercero en el mundo donde se presenta mayor vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) al conflicto armado.

“Esta práctica es un delito, y dependiendo de las circunstancias será crimen de guerra o de lesa humanidad, porque Colombia es firmante de la Convención de los Derechos del Niño”, explica John Fredy Ramírez, experto en conflicto armado y derechos humanos.

Según la Defensoría del Pueblo, existen varios factores que llevan a que un niño, niña o adolescente ingrese a las filas de los grupos armados. Entre algunas causas están la inoperancia del Estado, el abuso sexual en los hogares, la falta de educación, la pobreza y el desconocimiento de los derechos de la niñez. Además, este ente de control advierte que el ingreso a los grupos armados representa una entrada económica para la familia del niño.

Según el periodista, Alonso Salazar, en su libro No nacimos pa’ semilla, el dinero fácil y la vida de lujos funcionan como un atractivo para los jóvenes que buscan superarse.

“Las FARC trajeron al Caquetá el tema del narcotráfico. En ese tiempo había mucho desempleo y nosotros tuvimos que huir al campo. Allá no teníamos nada más que hacer que raspar coca. Había una relación directa con los armados”, cuenta Alexander al recordar esa época.

Jaime Palma, investigador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) explica que “la Ley de Infancia y Adolescencia se queda corta para enfrentar los fenómenos de reclutamiento y utilización. Además, dentro de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana se habla de brindar protección para los niños” y agrega que no han existido acciones concretas para defenderlos.

Las FARC es señalada por el CNMH como el grupo que cometió más reclutamientos ilegales durante el conflicto armado: se les atribuye el 69%. Sin embargo, la ONU indica que, desde la firma del Acuerdo hasta julio de 2019, 600 NNA fueron reclutados para combatir en el país.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió 108 alertas tempranas sobre el riesgo de reclutamiento infantil entre 2017 y 2019 en el territorio nacional.

Julia Castellanos, directora del observatorio de la Coalición contra la vinculación de NNA al conflicto armado en Colombia (Coalico), informa que desde el primero de enero hasta el 30 de junio de este año se identificaron 40 eventos de reclutamiento infantil, y agrega que se establecieron 120 casos de conflicto armado que pudieron afectar a 9.594 NNA.

Antioquia

Según la Coalico, Antioquia es uno de los departamentos que más casos de reclutamiento presenta: para la fecha van 22 NNA vinculados. “Hay una particularidad y es que allí confluyen todos los actores armados porque es un lugar estratégico para el narcotráfico”, analiza Julia Castellanos, del observatorio.

Las regiones más afectadas son el golfo de Urabá, el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y Medellín. En el marco del conflicto armado, la Unidad de Víctimas registró que el 15,8% de los NNA víctimas del reclutamiento en el país pertenecen a este departamento.

Por otro lado, la Fundación Pares, informó que el norte de Antioquia representa un lugar clave para la consolidación de los grupos armados porque “actualmente las AGC están en guerra en el Chocó y en el Bajo Cauca antioqueño y el Nudo del Paramillo les permite estar en medio de estos dos frentes de guerra”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió en enero una alerta temprana para los municipios de Briceño e Ituango relacionada con el reclutamiento de NNA. El documento expone que toda la subregión del Bajo Cauca antioqueño hace parte de un escenario de riesgo por la expansión y disputa territorial de las AGC y el bloque Virgilio Peralta Arenas, quienes han generado una serie de violaciones masivas de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

“El problema con el Bajo Cauca son las economías ilegales que se practican con la minería ilegal y el narcotráfico. También hay una expansión de la criminalidad organizada de Bello hacia la parte norte del Valle de Aburrá, por esto, bandas criminales como Pachelly y El Mesa sostienen disputas en la parte urbana pero también en el Bajo Cauca”, explica Palma, de Pares.

Incluso, en mayo de este año, la Defensoría del Pueblo señaló que existe una alianza entre una disidencia de Los Pachelly con El Mesa, y que la célula urbana del ELN estaría unida al bloque Virgilio Peralta de Los Caparrapos. En la alerta temprana de este ministerio público determinaron que ambas coaliciones están detrás de algunos casos de reclutamiento en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Con respecto a Urabá, la Defensoría recomendó a las alcaldías de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo “conformar los Equipos de Acción Inmediata en el marco de la implementación efectiva de las rutas de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual en contra de NNA por parte de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados”.

Julia Castellanos expresa que “nosotros (Coalico) hemos podido identificar que, debido a las precariedades de la zona de Urabá, hay un reconocimiento del actor armado como un salvador o el que da la mano en los momentos difíciles. Por ejemplo, la muerte de un narcotraficante es acompañada por toda la comunidad, lo lloran. Sin embargo, esto no es un ejercicio generalizado y en eso hay que ser muy claro”.

Edison Bustamante, Administrador de Procesos y articulador de las Mesas de Derechos Humanos de la Personería de Medellín explica que “de manera general, en Antioquia el balance en cuanto a la protección de los derechos humanos de los NNA no es muy positivo, aunque se han realizado políticas de intervención gubernamental y municipal para mejorar las condiciones de vida de la población, todavía hay regiones y municipios en específico con grandes problemáticas sociales, económicas y de orden público, lo que facilita el reclutamiento de los menores de edad y por lo tanto la vulneración de sus derechos”.

85 niños niñas y adolescentes fueron asesinados en Antioquia desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2020. Solo se reporta una captura por reclutamiento ilícito de NNA en Antioquia durante este año. Y se conocen seis capturas por uso de menores de edad para la comisión de delitos. Fuentes: SIEDCO

Infografía: Héctor Mendoza.

¿Y qué ha pasado durante la pandemia con el reclutamiento en Medellín y el Área Metropolitana?

Julia Castellanos asegura que desde 2017 los grupos armados pos desmovilización han centrado su atención en vincular NNA en las principales ciudades: Buenaventura, Cali, Bogotá y Medellín.

Gustavo Duncan, expone en su libro Los señores de la guerra que las redes mafiosas encontraron “asidero en los barrios marginales de las grandes ciudades donde habitaba la población urbana que no recibía los servicios del Estado o que los recibía incompletos”.

Además de señalar a los grupos armados como los culpables del reclutamiento, Alexander Vargas indica que el Estado es responsable “porque el joven ve que su papá trabaja muy fuerte y que su salario no es suficiente. Entonces, toma la decisión de trabajar desde muy niño, y por eso se van a los grupos armados porque allá les ofrecen más dinero”.

“En las zonas rurales existe una deficiencia muy alta de los derechos de los niños y niñas. Lo que ocasiona que los actores armados seduzcan a los menores para que hagan parte de su grupo. Para esto ofrecen dádivas, mercados, apoyos para pago de servicios públicos y pagos mensuales a las familias para que puedan subsistir”, advierte Castellanos, de la Coalico.

Con respecto a Medellín, un estudio de Ruta N y la Secretaría de Seguridad, calcula que en el año 2018 había 57.882 menores de edad que estaban en alto riesgo de ser reclutados por los grupos armados o bandas criminales. Situación que puede empeorar durante la pandemia del coronavirus.

Ángela Carreño, directora de la Fundación Children Change Colombia y la Coalico, coinciden en que el reclutamiento se podría disparar durante la crisis del coronavirus porque los centros educativos están cerrados y la deserción escolar aumentó.

Juliana Murillo, investigadora de la Unidad permanente para la protección de los derechos humanos de la Personería de Medellín argumenta que “si el niño está estudiando, se está encaminando y desarrollando física y mentalmente, ellos van a estar protegidos del reclutamiento”.

Por su parte, Jaime Palma, de Pares, complementa que “lo que pasa con la pandemia es que se pueden intensificar las dinámicas de reclutamiento de NNA. En la parte rural los grupos armados requieren más menores para el control de las economías ilegales. En el sector urbano, a falta de oportunidades para los menores de edad, se puede suponer que más jóvenes empiecen a integrar organizaciones de delincuencia organizada”.

Igualmente, Edison Bustamante observa que “al aumentarse las dificultades económicas en muchas familias a razón del COVID-19, por motivos de perder sus empleos, disminución de las ventas formales e informales, por cierre de los negocios y colegios; esto origina un alto grado de vulnerabilidad para las familias y en especial para los niños que son los más afectados por la crisis que estamos viviendo a razón de la pandemia”.

Según la concejala Nataly Vélez, la Secretaría de Inclusión Social atendió a 25 NNA víctimas de vinculación y/o utilización por parte de bandas criminales desde enero hasta el 31 de julio del año en curso. Mientras que el Registro Único de Víctimas reporta 8 casos. Sin embargo, el Sistema de Información de la Personería de Medellín informó de cinco nuevos casos desde julio hasta finales de septiembre.

“Esta cifra sigue siendo bastante alarmante, ya que cualquier caso que se presente de reclutamiento de NNA requiere de parte de todas las instituciones revisar a qué se debe esta situación y tomar todas las medidas necesarias de intervención y acompañamiento a estas comunidades y familias”, advierte Bustamante, de la Personería.

En este punto “hay diferencia de cifras porque no todas las organizaciones tienen el mismo acceso a la información”. Ramírez explica que las instituciones oficiales no reciben todos los casos, puesto que muchas víctimas tienen miedo a denunciar.

En efecto, Palma expone que “el problema con las cifras es que generalmente provienen del Registro Único de Víctimas (RUV) y cuando salen datos es porque hay declaraciones o denuncias por parte de las personas. Las cifras del RUV ya no son tan públicas como antes, por eso para conocerlas hay que emitir un derecho de petición de información, lo que ocasiona que estas no sean objetivas”.

El post y los derechos vulnerados

Ilustración: María Clara López. >>

Alexander dice que existe este miedo por las situaciones que vienen después: “La hoja de vida de uno queda encochinada. Nos echan de los trabajos. El tema de la seguridad es difícil porque muchos son perseguidos y se tienen que desplazar. Hay un estrés postraumático y eso hace complicado tener un entorno familiar confiable, pues, como uno portaba un arma ya quiere mandar ahí”.

Juliana Murillo sostiene que “los derechos vulnerados de los niños al ser reclutados son la seguridad personal, la integridad física, la vida porque algunos mueren, el derecho a la protección por parte del Estado que debería garantizarlo. En el reclutamiento todos los derechos son vulnerados porque es una agresión contra los NNA”. En concordancia, la investigadora advierte que el apoyo sicológico es lo que más necesitan los niños para superar la situación de reclutamiento.

Edison Bustamante, por su parte, expone que para lograr que los niños se reintegren a la vida civil “se requiere que de parte del Estado se realicen campañas de sensibilización ante la ciudadanía sobre este flagelo que afecta a tantos NNA de nuestro país y los motivos que lo generan. Esto para que la gente dimensione la problemática y entienda la importancia de acoger, proteger y denunciar casos de vinculación de esta población a los grupos armados”.

<< Ilustración: Héctor Mendoza.

Por su parte, Nataly Vélez, sostiene que entre el 15 y el 20% de las bandas criminales están conformadas por menores de 18 años, y que las capturas de los primeros seis meses de 2020 se presentaron, en su mayoría, en La Candelaria, San Javier y Poblado. Mientras que la DIJIN reporta 25 asesinatos de NNA en Medellín y su Área Metropolitana desde el primero de enero hasta finales de septiembre.

“Yo quiero decirle a la gente que la paz es importante. El dejar de odiarnos entre hermanos. Debemos sensibilizar a nuestros jóvenes a la cultura porque abre espacios. El fútbol abre espacios”. Finaliza, Vargas.

Alexander es el capitán de la Selección Colombiana de Fútbol de Amputados. Al terminar la entrevista dijo que ya no era hincha del Boca Junior, se pasó a Nacional, “porque ahí tengo garantías de no repetición”.

*Todas las cifras tienen fecha de corte el 31 de julio. Las de la DIJIN tienen corte a 30/9/2020.