El cambio de mirada que necesita la presencia indígena en Medellín

Por: Nicolás Tamayo / nicolas.tamayo@upb.edu.co.
En septiembre de 2022 la Personería de Medellín reveló que 582 personas de comunidades indígenas se encuentran en situación de mendicidad en las calles de la ciudad. Este es un compendio de las razones, los detalles y los agravantes de este fenómeno que llama también a un cambio de mirada.
Algunos de los sectores más concurridos de la ciudad en los últimos años se han visto habitados por indígenas, particularmente mujeres. Unas venden artesanías que hacen durante sus jornadas en los andenes, otras piden limosna en puntos estratégicamente visibles de El Poblado, Belén, Laureles y el Centro, casi en grupos con otras mujeres y niños incluso de pocos meses de nacidos, cuya presencia ya se ha convertido en paisaje para los transeúntes locales.
Medellín y los indígenas
En Medellín hacen presencia cerca de 34 pueblos: Pastos, Embera Chamí, Embera Dobida, Senú, Inga, Embera Katío, Nasa-Paez, Kichua, Misak-Guambiano, Nutabe, Kamétsa, Wayúu, Yanacona, Cubeo, Curripaco, Gunadule, Macuna, Puinave, Quillasingas, Siona, Wounann, Yamesies, Kokonuco, Wiwa, Arhuaco, Awa, Cherokee, Pijao, Uwa, Yariguies, Maya, Chibcha, Guanal y Muisca. Sin embargo, según un diagnóstico realizado por el Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes de la Personería de Medellín en 2021, este número podría ascender a 60 pueblos, contando 26 que se encuentran en condición de informalidad.
Estos pueblos están organizados en nueve cabildos en contexto de ciudad que surgieron para legitimar los procesos indígenas en Medellín como una nueva forma organizativa para estas comunidades. Siete de los nueve cabildos reconocidos están adelantando procesos de formalización para adquirir una estructura que le permita tener avales por parte del Estado. Actualmente hay dos que ya consiguieron el aval del Ministerio del Interior: Zenú y Quichuas.
El cabildo más representativo que existe en Medellín es el Chibcariwak, que está vigente hace 47 años y es un referente a nivel nacional en materia de organización indígena en contextos de ciudad. Desde su concepción, se ha estructurado como un cabildo multicultural y multiétnico que recoge y atiende asuntos relativos a población Kichua, Embera y Zenú. Solo de este cabildo se han desprendido otros cinco que vienen desarrollando sus procesos de organización desde el 2017.
A raíz de la numerosa presencia de la comunidad indígena en la ciudad, hace dos años la actual administración municipal creó la Gerencia Étnica de Medellín, una dependencia de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos que se encarga de la coordinación de planes, programas, proyectos y políticas públicas alrededor de la población indígena que habita la capital antioqueña.
Los indígenas en las calles
La presencia de indígenas en situación de mendicidad en Medellín tiene antecedentes de más de dos décadas. Sin embargo, desde hace algunos años comenzó a tornarse más y más evidente en lugares como la Avenida El Poblado, la Avenida 70, la Calle 10, el Parque de Belén e inmediaciones de las estaciones San Antonio y Parque Berrío, con el factor adicional del alto flujo de turistas. Este es un indicio de que el problema es sistemático y va más allá de la mendicidad.
La instrumentalización de los indígenas en Medellín se ha convertido es un secreto a voces entre quienes habitan cotidianamente los sectores de permanencia de estas personas que viene siendo intervenido por las dependencias municipales correspondientes en función de mitigar progresivamente el fenómeno.
Según la Gerente Étnica Yaisa Palacios Navia, el aumento en la presencia de indígenas en Medellín y, derivado de ello, el aumento de casos de situación de mendicidad e instrumentalización es reflejo directo de las problemáticas sociales que se viven en el país. “A raíz del desplazamiento forzado, el narcotráfico, las bacrim, entre otros problemas, muchos indígenas, sobre todo de los pueblos Embera, han tenido que desplazarse de sus regiones de origen hacia Medellín, que se ha convertido en una ciudad receptora de la problemática”, explica Palacios Navia.
Según la Línea de base sobre el estado de los derechos étnicos de la población indígena en el municipio de Medellín realizada en 2019, en la ciudad hay un aproximado de 6 128 indígenas. De estos, se calcula que hay unos 238 niños, niñas y adolescentes, sin embargo, se prevé que el subregistro sea alto, como en efecto lo dan a entender las cifras de septiembre de la Personería que hablan de 245 niños, niñas y adolescentes, en situación de mendicidad.
La Gerente explicó que la situación se hace aún más compleja para los indígenas tras su llegada a la ciudad, que suele ser repentina. “Cuando llegan a la ciudad no cuentan con una red de apoyo que les permita asentarse y encontrar un lugar seguro donde hospedarse; llegan a Niquitao huyendo de problemáticas muy complejas y llegando a otras incluso más complejas. Bandas, Instrumentalización, consumo de psicoactivos, vulneración de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, mendicidad, y como si fuera poco, no hablan español”, explica la Gerente Étnica.
Estas personas provienen de diferentes regiones en cerca de 20 departamentos del país, entre los cuales destacan 9: Antioquia, Nariño, Caldas, Chocó, Córdoba, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda de donde proviene el 91,6% del total de migraciones a la capital de Antioquia.

Infografía: Nicolás Tamayo Escalante.
Un problema sistemático
Durante los últimos meses la Gerencia Étnica ha hecho acompañamiento presencial a las comunidades indígenas, haciendo visitas a los lugares en los que se ubican estos grupos de mujeres y niños a vender o pedir limosnas. Las jornadas de trabajo hasta las 3 de la mañana, según los horarios de las zonas de fiesta y vida nocturna en Medellín, les han permitido identificar la sistematicidad de la problemática.
La Gerente Étnica Yaisa Palacios Navia explicó que en sectores clave “se identifican, por ejemplo, 4 grupos en una sola cuadra, esto alrededor de las diez de la noche", lo que supone muchos riesgos para los niños que hacen parte de ellos.
"Nosotros pasamos a hacerles una serie de preguntas con las que buscamos acercarnos a ellos y comprender su situación. Ante preguntas simples como su nombre o su lugar de residencia estas personas suelen responder, de memoria, monosilábicos —no sé—. Sus respuestas en general están muy limitadas y planificadas, tienen un libreto que les dan las personas que las instrumentalizan. Incluso tenemos conocimiento de que varias de las niñas que están inmersas en esta red ya cuenta con horarios, dicen —Mañana tengo que trabajar a las 8— muchas de ellas ya lo ven como un trabajo”, explica Palacios.
Cuando una persona trata de entablar algún tipo de conversación, de hacerles preguntas o incluso cuando permanecen por mucho tiempo junto a estas personas, la reacción es de un nerviosismo evidente, que da la impresión inmediata de que quieren que las personas se alejen de ahí cuanto antes. No se ha logrado identificar con pruebas contundentes la supuesta instrumentalización.
El aumento de visitantes extranjeros agrava la situación. Según datos de Migración Colombia, a principios de septiembre Medellín superó a Cartagena como la segunda ciudad con mayor ingreso de turistas. La capital antioqueña reportó la llegada de 340 000 viajeros entre enero y julio de 2022. Con el auge del turismo en la ciudad, un elemento muy particular ha hecho más rentable la mendicidad e instrumentalización de indígenas, las limosnas que reciben han pasado de ser pesos colombianos a dólares, por lo cual el recaudo neto de los indígenas durante su permanencia en las calles de las zonas turísticas ha aumentado exponencialmente.
La directora de Barrio Provenza, Juanita Cobollo, ha denunciado ante la Gerencia Étnica que las niñas indígenas en El Poblado se han convertido en objeto de abuso sexual y suministro de sustancias. Por otro lado, comerciantes del sector de Manila han presenciado casos en los que indígenas en situación de mendicidad de la zona son recogidos por vehículos. En este punto, la Gerente advirtió que ante la llegada de la temporada decembrina y con ello, el aumento de turistas en Medellín, aumentan las posibilidades para que se presenten estos problemas.
El concepto de población flotante hace referencia a que los individuos o comunidades están en constante movimiento, por lo cual no es posible caracterizarlos dentro de las categorías que se tienen establecidas en la ciudad y, mucho menos, ligarlos a lugares o zonas de residencia para hacer un acompañamiento continuo y efectivo.
Medellín es particularmente atractiva puesto que es uno de los pocos distritos del país que cuenta con recursos destinados para la atención especializada y el acompañamiento de las personas que migran a la ciudad. Las soluciones oficiales han contemplado planes de arriendo, mercado y planes de retorno. Según cifras de la Gerencia Étnica, recientemente se acompañó el retorno de 78 indígenas a sus lugares de origen. En estos planes participan la Secretaria de No Violencia con la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad para la Atención a Víctimas del Conflicto, en articulación con el Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes de la Personería de Medellín para la recepción de declaraciones y la caracterización de la población. Es más de lo que existe en muchas otras ciudades, pero evidentemente no es un solución definitiva.
Según la Gerencia Étnica, desde el distrito se han generado campañas de sensibilización y procesos de acompañamiento psicosocial a esta población, sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes puesto que se realiza la caracterización de 200 personas y al día siguiente pueden llegar 5 o 6 familias integradas por 10 personas más, según fuentes de la Gerencia Étnica. La institucionalidad de la ciudad se ha ido transformando para atender las demandas de la realidad social, sin embargo, falta mucho para la atención óptima de esta problemática.
¿Qué hay detrás de todo esto?
La migración de indígenas a Medellín y las sub problemáticas asociadas son fenómenos con varias aristas por considerar a la hora de explicar qué hay detrás de todo.
La desatención en los territorios es causal de la migración hacia las ciudades. La violencia sistemática y el conflicto armado deja en medio del fuego cruzado a los indígenas, por lo cual poder permanecer en las regiones resulta especialmente difícil, en medio de condiciones de pobreza, violencia y abandono del Estado.
En muchos otros casos, los indígenas se movilizan, no porque existan amenazas de grupos armados, sino por la simple presencia de los mismos en zonas aledañas a sus resguardos, pues usualmente les impiden, por ejemplo, cultivar, lo cual a largo plazo les obliga a movilizarse. El encuentro con personas ajenas al contexto de las comunidades deriva también en problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia intrafamiliar; otro motivo que impulsa a las mujeres indígenas y sus hijos a tener que huir de sus territorios escapando de maridos maltratadores.

Al interior de las comunidades también hay problemáticas que inciden en el desplazamiento la ciudad, principalmente de mujeres y niños. Foto: Nicolás Tamayo.
Del territorio a la ciudad: contrastes
La calidad de vida, sus condiciones como habitantes y las oportunidades de los indígenas en contexto de ciudad son extremadamente diferentes a las características con las que viven en sus territorios de origen. Olga Lucía Arbeláez, coordinadora del área de etnoeducación de la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, afirmó que las condiciones de ciudad son sumamente desfavorables para los indígenas.
Según explicó Arbeláez, las comunidades indígenas tienen estructuras muy delimitadas y establecidas históricamente, concretamente, tienen legislaciones propias que difieren de las establecidas en la ciudad: “Las condiciones del contexto de ciudad no son favorables, mucho menos para una población flotante teniendo en cuenta que el contexto de ciudad dificulta los procesos de integración y acompañamiento. Así haya cabildos de ciudad, los contextos más reales de la vida propia de un indígena están en los resguardos afuera de las ciudades, en el campo, en la tierra propia, donde puedan tener sus chagras y el cuidado de sus animales. Una de las características del indigenismo es poder tener contacto con la tierra y con el entorno natural y de animales que hacen parte de su cosmovisión”, explica.
Y añade que: “Al analizar la situación de la población flotante, nadie sale de su tierra, espacio vital o contexto natural por voluntad, si se tienen las condiciones y recursos, y se puede desarrollar la vida a plenitud, nadie recurre a desplazarse a un contexto que le es desconocido”.
La licenciada en Etnoeducación aportó además una simplificación del panorama al que se enfrentan los indígenas en su llegada a Medellín: “La cosmovisión de los indígenas no gira de acuerdo a la cosmovisión de la ciudad, les ha tocado adaptarse a ella. No hablan español, no trabajan y no estudian, ¿Qué opciones les quedan en Medellín para suplir sus necesidades?”.
¿Qué se está haciendo para intervenir los problemas?
Lo primero que hay que tener claro es que las problemáticas relativas a las condiciones de vida de los indígenas son un asunto de país. A partir de la creación de la Ley 55 de 1905, en la cual se reconocieron los resguardos indígenas en Colombia, se han creado 17 leyes, 20 decretos, 2 resoluciones y 11 sentencias que están enfocados en el acompañamiento, reconocimiento o favorecimiento legislativo de las comunidades indígenas.
En Medellín existe el acuerdo 130 de 2019, que fundamenta todas las labores de intervención y acompañamiento que se efectúan. A partir de ese documento desde la administración municipal se han estado tomando diferentes medidas para tratar de cubrir la mayor cantidad de ángulos posibles de esta problemática.
En toda la ciudad se hacen jornadas de atención, acompañamiento y salud en las que además se hace registro de los menores de edad. De estas jornadas participan funcionarios del ICBF, quienes se encargan de darle prioridad a la restitución de derechos de los niños, niñas y jóvenes indígenas, según lo establece la Ley 1098 de infancia y adolescencia. La policía de infancia y adolescencia quien culmina el proceso y conduce a los niños a los hogares de restablecimiento de derechos.
Adicionalmente, la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social tiene un equipo desplegado en todo el municipio para la atención a los menores. Actualmente se han caracterizado 230 niños que residen en Niquitao, uno de los principales sitios de habitación de los indígenas en Medellín, según la caracterización de la Gerencia Étnica, gracias a la cual se articulan esfuerzos con programas como Buen Comienzo para definir alternativas de acompañamiento educativo a los niños, niñas y jóvenes con materiales e intérpretes en lenguas nativas. Todo para garantizar condiciones diferenciales que permitan la permanencia de los niños en la educación y ayudar así desmontar la circunstancia de no tener con quién dejar a los niños que terminan en las calles.
Desde la perspectiva de los cabildos en contexto de ciudad, el Gobernador del Cabildo Embera, Haverman Peña Caizamo, comentó que la organización colabora con la población indígena con certificados para acceder a servicios educativos pues estas personas no tienen la obligación de presentar fichas de Sisbén puesto que son población de especial protección. El cabildo también les ayuda en los procesos de gestión de certificados para el registro civil de los menores y certificados para atención de salud. Pero todavía cunde el desconocimiento sobre estos beneficios y eso muestra a vulnerabilidad que persistes sobre estas personas.
Urge un cambio de mirada
A través de los sistemas de vigilancia las autoridades tratan de identificar a las personas que instrumentalizan a los indígenas y atacar el problema desde sus orígenes, justamente otro de ellos son las percepciones de la mayoría sobre el asunto. Así lo explica la Gerente Palacios:
“En la ciudad las personas han confundido las cosas. Todo indígena que ven está afeando la ciudad o es una persona vulnerable, o está en ejercicio de mendicidad y no es así en todos los casos. Los habitantes de la ciudad han maximizado y generalizado las problemáticas reflejándolas en todo indígena que habita la ciudad. Sí hay vulneración de derechos. Sí hay ejercicio de mendicidad e instrumentalización, pero no todos los indígenas en la ciudad se encuentran en esta situación", explica.
En relación con ello, llama a una actitud más responsable en las acciones cotidianas: "Las personas sienten lástima por ellos cuando no debería ser así, es fundamental que los habitantes de la ciudad adopten una postura integradora con la comunidad indígena y dejen de discriminarlos solo por usar sus atuendos tradicionales o por sus rasgos físicos”, indica.
¿Cómo se debería abordar este tema?
La profesora Olga Arbeláez explicó que es incorrecto aceptar que los indígenas están en Medellín en conocimiento de las condiciones de vida que tienen en su habitar la ciudad. Según la etnoeducadora, “es prioritario recuperar la familia, analizar las condiciones en las que están viviendo y procurar por facilitarles el retorno a sus territorios. La problemática de la mendicidad y la instrumentalización no debe enfocarse únicamente a los indígenas, la problemática debe abordarse holísticamente desde esas dos aristas y posteriormente abordarla con los enfoques particulares de cada comunidad”.
El consenso en torno a cómo debería abordarse la situación de los indígenas en el contexto de ciudad es optar por abordajes pedagógicos, para esto es preciso acercarse a la comunidad para entender por qué son población flotante en las ciudades: conocer la estructura, conocer la comunidad, hacer un análisis retrospectivo de por qué migran.
Señala la etnoeducadora que, a nivel pedagógico es preciso crear un sistema que permita entender quién es el otro y qué necesidades tiene, además, cuáles son las formas de acercarse a suplir dichas necesidades. Los pueblos indígenas tienen legislación propia, así que es necesario averiguar cuáles son las políticas propias de los resguardos para adecuar las políticas públicas de la ciudad y así darles una oferta de acompañamiento amplia y acorde a las necesidades de estas comunidades. En concreto, los proyectos de ciudad se deben aproximar en sus formas y metodologías a los implicados principales de estas políticas, que en este caso son los indígenas.
La Secretaria de Inclusión Social adelanta la campaña No Limosna, con la que se busca hacer pedagogía para que los locales y extranjeros no den limosna y así prevenir la instrumentalización, la iniciativa incluye una oferta de oportunidades académicas y laborales. Según la dependencia, hasta ahora más de 1 300 personas salieron de la situación de mendicidad.
Según la Gerente Étnica Yaisa Palacios, las acciones como estas deben continuar mostrando cómo son las costumbres de los cabildos más allá de la mendicidad que ve la gente ve en la cotidianidad. A su turno, la docente Arbeláez señaló que es posible que la existencia de políticas públicas no sea suficiente para darle solución a estas problemáticas: “En un Estado Social de Derecho se podría esperar que todo se regule a través de políticas públicas, pero la realidad de los grupos sociales rebasa estas políticas. El asunto es de la presencia del Estado en todas las regiones, ofreciéndole a todos los ciudadanos, sin importar su etnia, los derechos básicos, cumpliendo las obligatoriedades de proteger a la población, ofreciéndole una calidad de vida y unas condiciones de vida dignas". Y añade: "Me parece mejor que el punto de partida sea pensar ¿Cómo se dignifica la vida en los territorios?”.
Hace dos años se creó en Medellín la Mesa Permanente de Concertación Indígena, un espacio mixto de participación y concertación de estrategias, planes, programas y proyectos para la población indígena, cuyas metodologías, según la Personería de Medellín, se basan en pedagogías ancestrales e interculturales promovidas por las autoridades de los pueblos indígenas residentes en Medellín y ejecutadas por un equipo conformado principalmente por integrantes de esta comunidad. Al parecer, existen las estructuras para sacar adelante las soluciones, la cuestión es qué tanto funcionan ante un problema que rebasa los límites de la ciudad y los ritmos de su administración pública.
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