Acoso y abuso sexual: realidades y retos en todas las escuelas

La escuela es un espacio en el que se desarrollan los niños y jóvenes, no solo académicamente sino también en lo personal. De allí la importancia de que sean ambientes seguros, libres de violencia, especialmente de violencia sexual. ¿Las instituciones educativas de Medellín cumplen este requisito?

Por: María Paula Mejía y Paola Cañas


El lunes, 15 de mayo de 2017, a las dos de la tarde, un grupo de estudiantes de grado once, pertenecientes a una Institución Educativa pública de la Comuna 8 de Medellín, comienzan su jornada escolar. El profesor de matemáticas acostumbra saludarlas de beso en la mejilla y en algunas ocasiones les acaricia el rostro, mientras que les recuerda lo lindas que han ido hoy al colegio ¿Es esto acoso sexual?


En la hora del descanso presencian cómo otro docente y su novia, que es una estudiante del grado once, se acarician en el patio. Al mismo tiempo, el profesor de matemáticas invita a una de las estudiantes que saludó esta mañana a tomar un café y a tener una conversación en la que la estudiante se siente incómoda, pero que acepta porque cree que eso la ayudará a ganar la materia ¿Es esto acoso sexual?


Pero, ¿qué es el acoso sexual?

Según el Código Penal Colombiano, el acoso sexual está clasificado dentro de las violencias sexuales en el artículo 210 y se define como: “El que en beneficio suyo o un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta –como la relación maestro alumna– acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos incurrirá a prisión de uno a tres años”.


Según Medicina Legal, en Colombia, en el año 2017, se realizaron 20.072 exámenes medicolegales por presuntos delitos sexuales hacia mujeres. En Medellín se realizaron 1365 exámenes. En 2020 de enero a mayo ya se han realizado 6400 exámenes de este tipo en mujeres a nivel nacional, en Medellín se han realizado 224.


¿Entonces quién protege a las y los menores de edad cuando sufren acoso sexual en sus colegios?

La protección de los menores de edad en las instituciones educativas se regula por medio de la Ley 1620 de 2013, con la cual el Gobierno Nacional “reconoce que uno de los retos que tiene el país, está en la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, a través de una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar”.


En esta ley se estructura la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, mediante la cual se garantiza la protección integral a los menores de edad por medio del establecimiento de un comité que debe “coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de planes, programas y acciones relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía de los derechos sexuales y reproductivos”. Además, en las acciones que establece la Ley, se precisa la importancia de realizar las medidas de prevención para evitar la afectación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar.


Una de estas acciones dirigidas a la protección de las y los menores es la creación de protocolos para las situaciones en las que se vulneren los derechos mencionados. El diseño de estos, en especial los que van dirigidos a la atención y prevención de las violencias sexuales, se regulan bajo lo establecido en la Ley 1146 de 2007, mediante la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de las niñas, niños y adolescentes abusados sexualmente.

Ilustración: María Paula Mejía Vélez.


Ahora bien, ¿cómo funciona esta ley en nuestra ciudad?

En Medellín, se creó el Programa Escuela Entorno Protector (PEEP) en el año 2007. Su objetivo era acompañar a las instituciones de la ciudad mediante un proceso que permita el mejoramiento de las prácticas enfocadas a la convivencia escolar, el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos, la construcción de ciudadanía y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.


El Programa instauró tres líneas de acción: en el campo de la convivencia, promoviendo procesos de mediación y liderazgo, prevención de la violencia sexual y la intervención con las familias.


Jorge Iván Ríos, quien fue el subsecretario de Educación de Medellín desde 2016 hasta 2019, afirmó que desde la Ley 1620 se reconoce en la ciudad la necesidad de la creación de un programa porque “es bastante notoria la afectación de la vida en las escuelas como reflejo de la sociedad en la que estamos participando”.

El PEEP, que antes se conocía como Escuelas para la Vida, se replanteó con base en lo establecido en la Ley y se enfocó en educar a las niñas, niños, madres, padres, y a las y los maestros en lo que implica resolver los conflictos y tratar las emociones.


Ríos también expuso que entre los criterios de contratación de los psicólogos que hacen parte del PEEP se exige una sensibilidad hacia el territorio, lo cual se relaciona con el enfoque de género. Además, comentó que el funcionamiento del Programa es designar un psicólogo por institución educativa. Sin embargo, algunas de las instituciones de la ciudad se dividen en sedes, es decir, cuentan con varios establecimientos físicos y un solo psicólogo o psicóloga.


Cuando hablamos de una Institución Educativa con varias sedes, es importante precisar la cantidad de estudiantes que hacen parte de estas. Un ejemplo de esto es que en el barrio Belén San Bernardo de la Comuna 16, hay una I.E. que cuenta con cuatro sedes. Al agrupar los estudiantes de todas estas, resulta un aproximado de 4.000 estudiantes y solo un psicólogo que estaría encargado de acompañar a las y los estudiantes, personal de apoyo, docentes y acudientes o padres de familia.


El Programa buscaba profesionales sensibles a las problemáticas de la humanidad, quienes tuvieran conocimiento sobre la construcción de competencias ciudadanas, “porque el género hace parte de estas competencias y porque la mayor violencia es una violencia de género: una violencia de la cotidianidad y eso había que enseñarlo”, apuntó Ríos.


Por otra parte, precisó también que las comunas 1, 2, 3, 6, 8, 13, presentaron en 2019 las tasas más altas en los indicadores rojos. Uno de ellos es el abuso sexual, por este motivo, desde el Programa, se logró integrar a un psicólogo o psicóloga en cada sede de las instituciones educativas de estas comunas, es decir, ya no sería un profesional por institución, sino uno por cada sede.


Para los casos de violencias sexuales y basadas en género el PEEP permite que cada Institución diseñe protocolos mediante los cuales se intervienen y se activan las rutas necesarias para la atención.


Clara Inés Casas García, quien fue líder territorial del Programa, dijo que la primera ruta de atención es el colegio, pues allí es donde se brinda apoyo psicológico y orientación por parte del profesional de apoyo. Si el caso es de abuso sexual, de inmediato se activa la atención desde el sector salud y judicial, haciendo la conexión con la Policía de Infancia y Adolescencia.


Casas afirma también que en algunas I.E. existen “esquemas muy arcaicos, porque la capacidad de profesionales no es suficiente para la demanda de los estudiantes”.

¿Y qué pasa con la población rural y campesina de Medellín?

Aura Leonor Morales, quien trabaja en el Programa hace siete años como psicóloga asignada al Centro Educativo rural Las Playas y sus sedes ubicadas en el corregimiento de San Cristóbal, aclaró que la violencia más común en los territorios rurales es la intrafamiliar. Esta se caracteriza por ser poco visible, debido a que las denuncias no se realizan a tiempo.


Además, puntualizó que para la atención de estos casos “deberíamos acudir a la Comisaría de Familia, pero lamentablemente, la atención en los corregimientos es bastante mala. Entonces lo hacemos con la línea 123 Mujer”.


También explicó que, cada año, en el Centro Educativo se realiza un diagnóstico de convivencia para determinar las problemáticas que necesitan más atención por parte del PEEP. Asimismo, reconoció que el Programa ha contribuido a la transformación de los manuales de convivencia escolar. Uno de los más grandes aportes de este es “que ahora no se hable de castigo, sino de correctivo; actualmente, es importante tener en cuenta el protocolo que se debe seguir, evaluando las situaciones y por qué el chico actuó de tal manera. Ahora se trata más de ayudar al estudiante”, resaltó Morales.

¿Qué sucede dentro de las Instituciones Educativas?

Nadie mejor que los miembros de la comunidad educativa para responder a esta pregunta.

Las relaciones de poder que se van generando como dinámica propia de los diferentes entornos de aprendizaje, sean escuelas, colegios, universidades u otros espacios, han llevado a miles de estudiantes, mujeres y hombres, a sentir intimidaciones, abusos del poder y sometimientos que se convierten en asuntos normalizados dentro de estos espacios que, generalmente, no han sido oportunamente intervenidos.


Una de las situaciones que se encuentra más normalizada dentro de los ambientes educativos se refleja en las relaciones entre los y las estudiantes con el personal docente. La mayoría de ocasiones las personas adultas se aprovechan de la autoridad que pueden ejercer dentro de las aulas para someter a una o un estudiante bajo sus intereses personales; muchas veces estas situaciones terminan convertidas en casos de acoso o incluso abuso sexual.


La historia de Sofía Aguirre*, una joven que se graduó en 2017 de un colegio público de la Comuna 9 de la ciudad, da cuenta de ello. Durante los últimos tres años de su permanencia en la Institución fue víctima de una relación de poder que ejerció un docente de matemáticas sobre ella y que, según su testimonio, califica como un acto de acoso.


La llegada de Sofía a su nuevo colegio fue muy difícil pues venía de una ciudad pequeña y, por algún motivo ‒dice ella‒ la mentalidad de las niñas de una ciudad grande es muy diferente, son muy abiertas para hablar de ciertas cosas, hasta el punto de utilizar expresiones morbosas para referirse a temas de sexualidad. La adaptación a este nuevo ambiente no le fue fácil, ella contó que considera que para lograrlo terminó volviéndose partícipe de estas dinámicas con sus compañeras.


Por otra parte, Sofía recuerda que la relación de poder de los docentes de la institución era totalmente dominante, según ella, “podían hacer lo que les diera la gana en sus clases”. Además, resulta extraño que nunca alguna estudiante hubiese alzado su voz al sentirse acosada por un profesor, sin embargo, nunca presenció que amonestaran o despidieran a alguno por esta situación.


Desde cualquier perspectiva era fácil percibir cómo los docentes humillaban a las estudiantes por la relación jerárquica o por sus conocimientos, situación que, además de incómoda, era normalizada.


Dentro de las instituciones educativas, además del personal docente, existen otras funciones que deben ser cumplidas por otras personas, como el acompañamiento psicológico a las y los estudiantes, a cargo de un profesional graduado en psicología. El colegio de Sofía no era la excepción, nos cuenta que la psicóloga era “una buena mujer”, amable y querida con sus compañeras, pero casi siempre estaba ausente.


“Existían de a tres a cinco cursos por grado, cada uno con 35 niñas en cada curso, una cantidad impresionante de niñas, que tal vez tenían muchos problemas, pero que no se atendían porque la psicóloga debía estar en otras sedes. Es muy preocupante porque un colegio que tiene tanto personal debería tener a más personas que brinden atención psicológica, más en una época en que las estudiantes pasan por muchos problemas hormonales, de su desarrollo o familiares”, dijo.


Una de las problemáticas más grandes de la institución era las relaciones entre las estudiantes y los docentes, había un exceso de confianza entre ambas partes, era común presenciar prácticas inusuales, tales como abrazos, caricias y tocamientos incómodos. Ahora Sofía las ve desde afuera y las considera extrañas, pero que en su momento las percibió normales.


Ella vivió una situación que no se alejaba mucho de la realidad narrada anteriormente, se vio involucrada en un abuso de poder por parte de su profesor de matemáticas, tal vez esta era la asignatura más compleja para ella, en la que le costaba mucho esfuerzo sacar buenas calificaciones.


En cuanto a la relación que tuvo con el maestro de 47 años, ella, con tan solo 16, recuerda que al principio sentía que era muy romántico y respetuoso. No le parecía que fuera una situación muy grave porque se sentía atraída por él, así que creía que los acercamientos que tenían eran normales. “Él me invitaba a comer, hablábamos muy de cerca, nos abrazábamos. Ahora esas cosas no me parecen bien”.


Sofía confiesa que le parece normal que una estudiante idealice a un docente, porque le parece inteligente o bonito físicamente, pero esto no debería trascender del simple hecho de la idealización de las niñas, ni mucho menos cuando estas acciones las impulsa el docente.


Cuando se graduó del colegio e ingresó a la universidad, Sofía decidió terminar la situación, rompió ese vínculo al darse cuenta que no estaba bien. Cuenta que en algunas ocasiones su profesor intentó contactarla por redes sociales.


Sofía es consciente de que esta situación aún sucede en su colegio y que no solo es el profesor de matemáticas quien acostumbra realizar este tipo de acciones abusivas y de acoso, además de que las y los otros docentes saben qué pasa, se callan, otros intimidan a las estudiantes y perpetúan un comportamiento sistemático y normalizado.


“Mi percepción sobre el acoso se ha transformado ahora que soy una persona adulta porque antes yo no entendía mucho este tema de cómo eran las relaciones de poder y cómo estas pueden afectar de manera inconsciente las percepciones que uno tenga sobre un acercamiento del docente”, explicó Sofía.

Su historia hace parte de los tantos casos de abuso de poder dentro de las I.E. y que no son denunciados, ya sea por desconocimiento, miedo, amenaza o, incluso, por falta de apoyo institucional y de orientación en el tema.


Este tipo de historias suceden a diario en los colegios públicos de la ciudad, solo para hacerse a una idea de lo delicada de la situación, se presentan algunas cifras: en el último año, el Programa Escuela Entorno Protector, de la Alcaldía de Medellín, atendió un total de 405 casos relacionados con presuntas violencias sexuales, solo en los colegios públicos de la ciudad, y el 75.55 % de las personas acompañadas por los profesionales de apoyo institucional (psicólogos y psicólogas) fueron niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, población vulnerable sobre la que se ejercen más comportamientos de presuntas violencias sexuales.


Relatos cortos

Antonia Orozco* se graduó de un colegio público de Medellín en el 2017, afirma que nunca conoció el PEEP y tampoco identificó quién era el psicólogo o la psicóloga de su institución. “Supe de un caso de acoso en el que se tomaron acciones correctivas con un docente, pero él alegó que por ser costeño y de piel negra, cualquiera de sus comentarios los tomaba como acoso, cosa que no ocurría cuando sus compañeros docentes hacían comentarios subidos de tono. Las directivas sabían, pero no se iban a poner en el proceso de sacar a los docentes, supuestamente encontrar un reemplazo rápido era imposible, entonces las cosas se quedaban en un regaño verbal. Esto era repetitivo con cada generación, los mismos tres profes y siempre lo hacían con las niñas: las que no eran buenas en esas materias y eran demasiado fácil de persuadir con comentarios y regalos”, contó.


Johanna Osorio, quien fue docente de la Institución Educativa Perpetuo Socorro en la Comuna 13 hasta el 2019, cuenta según su experiencia en el PEEP que la formación a los docentes por parte del Programa era insuficiente, al punto de que estos solicitaban que la formación fuera real para estar preparados y poder acompañar a los estudiantes.


Afirmó que una de las razones por las cuales los procesos en cuanto a educación sexual tenían poca visibilidad era porque las directivas de la institución pertenecían a una comunidad religiosa y argumentaban que hacer énfasis en esta formación solo generaba “que los estudiantes exploraran”. Entonces, dentro del proceso pedagógico de educación sexual, temas como el acoso se abordaban, pero solo de forma muy general.


Otra de las situaciones en las que Osorio hizo un énfasis especial fue sobre las dinámicas socio-culturales del entorno, dentro de las cuales estaban normalizadas acciones de violencia tanto verbal, psicológica y física, tales como piropos, nalgadas… Lo que se convertía en un asunto polémico a la hora de realizar jornadas formativas en cuanto a violencias sexuales y de género.


Finalmente, Johanna aseguró que “el Programa es bueno, pero se debe repensar cómo se implementa y cómo se lleva a las instituciones, sobre todo qué nivel de importancia se le da en la aplicación con los estudiantes”.

Andrea Salazar* fue personera y se graduó de un colegio público femenino de la Comuna 9 de Medellín en el 2017. “En el colegio siempre había un psicólogo o psicóloga de Entorno Protector enviada por la Alcaldía. La verdad, que yo me acuerde, no hacía énfasis en temas de acoso y abuso. Cuando hablaban de educación sexual se referían solo a los embarazos y al uso de los condones. Yo era la personera y sabía que no había afectaciones de tal tipo en la institución. Me dijeron que el portero les decía cosas a las niñas”, contó.


La voz de una experta

¿Cómo se debe atender un caso de acoso o abuso sexual? y ¿qué instituciones del Estado deben acompañar estas situaciones?


Mariana Ochoa Monterrosa, quien ha trabajado como analista de violencia sexual, dijo que cuando se conoce un hecho relacionado con estos delitos se debe activar la ruta, lo primero es recurrir a la pirámide o triada, que se compone de tres sectores articulados: salud, justifica y protección. Por su parte, el sector salud es muy importante, independiente del tiempo que haya sucedido el hecho. Por ejemplo, si una persona fue víctima de violencia sexual y esta ocurrió en menos de 72 horas puede acudir a un servicio de urgencias, un servicio que es gratuito y al que no debe tener una barrera para acceder a él.


Todos los hospitales deben activar el código fucsia, definido como el triage uno que es el que cobija las violencias ocurridas en un periodo inferior a las 72 horas. El triage dos se activa si ha pasado más del tiempo establecido. En cuanto a la parte de justicia, las personas pueden acercarse a los CAIVAS, Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual y las Unidades de Reacción Inmediata-Uri.


Por último, se activa el sector de Protección, que tiene dos entidades importantes: Comisaría de Familia, en la que se puede denunciar casos de violencia intrafamiliar, y el ICBF, en el que se reportan hechos que ocurren de forma externa.


En cuanto a las activaciones de la ruta, se pretende no revictimizar a la persona, de esta forma, lo ideal es que no tenga que contar lo que pasó en todas las instituciones a las que acuda.


“Es algo real que este proceso se vuelva tedioso por los tiempos de espera, por los trámites, se puede volver pesado. Depende del caso, muchas veces poder finalizar un proceso permite la sanación de una persona que fue víctima de violencia sexual”, precisó Ochoa.


Dentro de las instituciones educativas es el rector el encargado de realizar la activación de ruta y de estar al tanto de todo el proceso, así como de acompañar a la víctima en cada una de las instituciones donde se le atienda.

Además, señaló que muchas veces la violencia sexual se da por medio de la intimidación, de la coacción o de la amenaza, así que puede suceder que el psicólogo o el docente sientan miedo de activar la ruta por posibles retaliaciones de algún grupo armado. Por ende, es importante la forma en la que la institución los acompaña. También hay que tener en cuenta que hay activaciones que se pueden hacer de manera anónima, realizando una lectura del contexto.


¿Cómo se vive la educación sexual en las instituciones educativas?

En Colombia, para los proyectos de educación sexual en los colegios públicos y privados existen unos lineamientos establecidos a nivel nacional, donde se subraya que estos deben ser de cumplimiento obligatorio. Dentro de la normativa que rige estos proyectos, se otorga a los rectores de cada institución la responsabilidad de construir, delegar un maestro encargado y poner en práctica toda acción que vaya enfocada a su adecuado cumplimiento.


El Programa Escuela Entorno Protector cumple la función de fortalecer y acompañar las actividades en el marco del proyecto de educación sexual de cada institución. Sin embargo, debe ser creado desde la junta directiva con el apoyo de algunos docentes, quienes lo direccionan según el contexto sociocultural de la institución.


Alex Jaramillo, profesional de apoyo institucional del PEEP, recalcó que en algunas instituciones el proyecto de educación sexual no recibe el valor y la importancia que tiene, además, a veces se lo entregan como en una rifa al profesor que sobra. Entonces, como es algo que le impusieron, el proyecto no va a tener mucho alcance y lo que se va a encontrar es algo solamente escrito con una o dos acciones en el año en las que se trabaja todo de forma general.


Por otra parte, al mencionar las violencias basadas en género, Jaramillo indicó que se trata de “un proyecto que requiere formación en todo ese tema de género donde en el aula hay vulneraciones y agresiones. Donde a veces el docente las minimiza, incluso algunas de las acciones que hace el docente y que a veces tratan de pasarlo como que es algo normal (SIC)”.


Esta realidad no es la misma en todas las instituciones, también hay algunas donde se generan procesos interesantes a partir de campañas y formaciones a todo el plantel educativo: madres y padres de familia, estudiantes, docentes y personal de apoyo. Con base en estos procesos han podido evidenciar que se tiene un efecto positivo en lo académico.


Las instituciones que han realizado estos proyectos se han dado cuenta de que enfatizar en temas de género, en relación con las violencias y su prevención, ha permitido generar un ambiente de paz y de sana convivencia dentro y fuera del aula.


Delitos sexuales: una realidad que también hace parte de los entornos digitales

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y el uso cotidiano de aplicaciones digitales y de internet podemos encontrar nuevos riesgos relacionados con el ciberacoso, estos afectan la integridad física y/o mental de las personas, algunos de ellos pueden ser incluso delitos que atenten los derechos sexuales de los y las usuarias de internet. Así lo expuso Edwin Alexander Amaya, magíster en comunicación digital, quien resaltó que hay públicos más vulnerables frente a estas situaciones y estos, por lo general, son personas que no tienen una alfabetización digital o no cuentan con información sobre las plataformas virtuales con el fin de prevenir estos eventos.


Si bien hay personas que son más propensas, ninguno está exento del asunto porque todos estamos metidos en el ciberespacio y eso nos denota cierta exposición al tema”, afirmó Amaya. También resaltó que es necesario que se implementen unos protocolos que permitan mejorar la situación lo mejor posible para velar por la integridad de las y los estudiantes.


La Ley 1620 aclara que es importante promover el desarrollo de las competencias ciudadanas, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, el fomento de estilos de vida saludable y la prevención del acoso escolar y el ciberbullying. De esta forma, las instituciones educativas deben atender este tipo de situaciones bajo lo establecido en el manual de convivencia, no solo desde una parte correctiva, sino de una forma integral, involucrando en este proceso a los diferentes actores de la comunidad educativa, es decir, a las y los maestros, padres y madres de familia y los y las estudiantes, incluso a los cuidadores: las trabajadoras domésticas y la familia extendida.


“Se deben involucrar a los papás para que identifiquen estas situaciones y a los docentes porque estos a partir de la observación identifican cambios en los comportamientos de los estudiantes. El simple uso de un computador nos da múltiples ventajas, pero también nos deja expuestos a muchos riesgos”, dijo Amaya.


Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia hay diferentes tipos de delitos en entornos digitales, uno de ellos es el grooming, definido como una nueva forma de acoso y abuso que se ha venido popularizando con el auge de las TIC. Surge desde los chats en redes sociales, sucede cuando una persona adulta se hace pasar por otra, generalmente menores de edad con el objetivo de obtener una satisfacción sexual, mediante imágenes comprometedoras del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual.


Por otro lado, está la práctica conocida como el sexting, muy normalizada entre adolescentes, se da cuando alguien toma una foto de sí mismo (sugestiva o sexualmente explícita), y la envía a alguien vía teléfono celular o Internet. El archivo con fotos o videos de corte sexual se conoce como pack y hoy se ha viralizado su intercambio entre los menores de edad.


El Programa Escuela Entorno Protector expone que durante el 2020 se han presentado 42 casos de ciberacoso, de los cuales 15 han requerido activación de protocolo de intervención. Además, informa que 33 de estas denuncias han sido realizadas por mujeres, lo que representaría el 78,5% de los casos.

Amaya asegura que estos temas se merecen incluso políticas públicas por parte del Estado que permitan la formación, porque nada hace un colegio si ni la secretaría de educación ni el Ministerio de educación empiezan a promoverlo.

Gráfico tomado de: Estudio Uso y apropiación de las TIC en Colombia 2016, MinTic


Posibles soluciones

En consecuencia, es relevante que las instituciones educativas faciliten espacios de encuentro en los que se cuestionen los estereotipos de género, se hagan visibles conceptos relacionados con las violencias sexuales y basadas en género, se divulguen y compartan los diferentes protocolos de atención para los casos de presuntas vulneraciones y crear espacios educativos que complementen el proceso de formación integral de toda la institución. Más allá de pensar en los mecanismos de denuncia o activaciones de ruta, se pueda hacer énfasis en la prevención de estas situaciones o si ya sucedieron en el acompañamiento de las víctimas y sus cercanos, y en la no revictimización.


Es importante incluir dentro de estas estrategias diferentes métodos de comunicación, desde carteleras en los colegios, redes sociales oficiales, conferencias con expertos o expertas, espacios de diálogo con las madres, padres de familia, cuidadores y el resto de personal que haga parte de la comunidad educativa.


*Algunas de nuestras fuentes han pedido que sus nombres no sean mencionados. Todos estos testimonios que hemos recibido bajo esta condición están señalados con un asterisco.


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Trabajo realizado para el curso Periodismo V, orientado por la profesora Jazmín Santa.



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