Chequeo en Contexto: el conflicto armado y el gremio ganadero

Un chequeo a varias afirmaciones hechas durante la presentación de un informe preparado por el gremio ganadero sobre los impactos que le ha ocasionado el conflicto armado en Colombia, permite comprender las dimensiones del fenómeno y varios aspectos sociales e históricos de su desarrollo. Los detalles, en este chequeo hecho en Contexto.


Dos volúmenes componen la investigación Acabar con el olvido, elaborada por Fedegan sobre la perspectiva de este gremio del conflicto armado. Foto: @Fedegan.

Durante la última junta nacional de la Federación Colombiana de Ganaderos, celebrada el lunes 24 de febrero del 2020, se realizó una rueda de prensa en la que se anunció un posible convenio entre el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Además, desde el gremio se entregó el libro Acabar con el olvido a la institución que tiene como objetivo recuperar y conservar la memoria histórica del país. La publicación consigna más de 6.000 historias de ganaderos que fueron víctimas del conflicto armado.


En el encuentro con medios estuvieron José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán; María Fernanda Cabal, senadora de la República y ex presidenta de la Fundación Colombiana de Ganaderos (Fundagán); y Darío Acevedo, director del CNHM.


En la rueda de prensa José Félix Lafaurie y Darío Acevedo aclararon dudas sobre la posible alianza entre las instituciones que lideran, precisando qué actividades podría implicar en el futuro. El presidente de Fedegán aprovechó la oportunidad para hacer, con datos y cifras, algunas anotaciones sobre temas como el conflicto armado, el estado actual de la ganadería en Colombia e instituciones como la Comisión de la Verdad (la transcripción se puede leer AQUí).


Dada la necesidad de comprender el fenómeno de manera precisa, se sometieron a verificación varias de las afirmaciones:


Relación entre cabezas de ganado y población colombiana


“Colombia tenía un animal, o sea un bovino, por cada colombiano hasta la década del 60. A partir de allí, cuando se intensifica la acción violenta frente al ganadero como objetivo militar, perdió esa relación y hoy en día hay casi 50 millones de colombianos y 28 millones de cabezas de ganado”, afirmó Lafaurie (19:37 de la grabación).


La afirmación es verdadera, pero algunos de los datos no son exactos. Por ejemplo, aunque en el país no hay registros de un animal bovino por cada colombiano, la brecha estuvo relativamente cerca de cerrarse en los años 1938 y 1951.


El número de colombianos en el país en esos años está registrado en el documento Las estadísticas sociales de Colombia (1993). En el texto se establece que para 1938 la población del país era de 8'701.816 personas. Por otra parte, el Banco de la República publicó el trabajo de Jorge García García Las políticas económicas y el sector ganadero en Colombia en 2006. El texto establece que, según datos proporcionados por la académica Katherine H. Wylie, el número de bovinos en el país para ese año era de 8.100.000. Esto quiere decir que hicieron falta 601.816 animales para que las cabezas de ganado igualaran el número de la población colombiana.


El censo de 1951 indicó que el número de colombianos para esa fecha fue de 11'228.509. Al comparar esta cifra con el número de cabezas de ganado presentadas por el texto Los ciclos ganaderos en Colombia, 1950-2001 (2004) realizado por Gerson Pérez, el documento establece que el número de bovinos para ese año fue de 10'840.360. Estos datos señalan que hubo 388.149 personas más que cabezas de ganado en el país para esa época.


Otro dato que no fue del todo exacto, una aproximación que no altera en esencia el planteamiento de José Félix Lafaurie es la relación entre animales bovinos y la población colombiana en la actualidad. Él afirmó que hoy en día hay casi 50 millones de Colombianos y 28 millones de cabezas de ganado. Las cifras exactas son 48'258.494 de colombianos, según el último censo del DANE realizado en el 2018, y 27'234.027 bovinos, según datos del censo pecuario de 2019 del Instituto Colombiano Agropecuario.


Según el presidente de Fedegán, la brecha entre el número de cabezas de ganado y colombianos se intensificó en la década del sesenta. La afirmación es verdadera y se puede comprobar a través del primer censo que realizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), XIII Censo Nacional de Población. Según este censo, la población para 1964 en el país era de 17'484.508 de colombianos. Esta cifra es contrastada con el inventario publicado por Pérez (2004) en el cual se indica que para ese año había 14'586.250 bovinos. A través de esos datos se puede llegar a la conclusión de que la brecha aumentó considerablemente, con 2.898.258 personas más que cabezas de ganado.



Porcentaje de colombianos que viven en el sector rural


A su turno, el director del CNMH, Darío Acevedo señaló: “En las conversaciones que hemos tenido, ha surgido la idea de estudiar la posibilidad de firmar un convenio, teniendo en cuenta la inmensa gravedad, la inmensa dimensión de la gravedad, de los hechos ocurridos en el agro colombiano a lo largo de más de 50 años de conflicto armado. En este sector de la vida colombiana, donde habita entre el 30 y el 40 por ciento de la población nacional, se produjeron no solamente despojos, abusos de propiedad, sino también conductas delincuenciales que afectaron los niveles de empleabilidad en la medida en la que se produjeron secuestros en gran escala contra todos los sectores productivos del campo como bananeros, caficultores, ganaderos, entre otros” (5:20 min).


La afirmación es verdadera en el sentido de que gran parte de los sectores del campo y la agricultura colombiana fueron golpeados fuertemente por el conflicto armado. No obstante, el dato acerca del porcentaje de colombianos que habitan el sector rural es falso. Según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, durante la presentación de los resultados del censo del 2018 el 5 de julio del 2019 (ver video). Semana Rural, un proyecto de la revista Semana, citó al funcionario: “Colombia tiene 48’258.494 colombianos de los cuales poco más de 11 millones de personas viven en las zonas rurales”.


La cifra además contrasta con los resultados del censo de 2018 realizado por el DANE. En el texto se establece que el 7,1 por ciento de la población vive en centros poblados, el 15,8 por ciento en zonas rurales dispersas y el 77,1 por ciento vive en cabeceras municipales. Según estas estadísticas, el 23 por ciento de la población vive en el sector rural: esto equivale a 14'477.548 colombianos. El porcentaje real es considerablemente menor al que planteó Darío Acevedo.


Legalidad de las Cooperativas Convivir y el rol de víctimas de los ganaderos


“Los ganaderos fuimos víctimas. A los ganaderos, cuando el Estado colombiano se sintió en la incapacidad para poder responder frente a las dinámicas violentas del sector rural, fue el mismo Estado el que ayudó, en su momento, a construir este tipo de cooperativas (Convivir). Cooperativas que estaban bajo la legalidad. Pero la inmensa mayoría de los ganaderos lo que han sido son víctimas. Rechazamos cualquier intento de cuestionar, especialmente de la famosa Comisión de la Verdad, el papel del ganadero. (…) Porque el ganadero no es victimario, el ganadero fue víctima, incluso del mismo Estado que no lo protegió”, aseguró el presidente de Fedegán (22:01 de la conferencia de prensa).


La afirmación no presenta ningún dato o cifra como respaldo y resulta cuestionable debido a que utiliza afirmaciones que son verdaderas para llegar a una conclusión que puede ser interpretada de varias maneras. Si bien es cierto que las juntas civiles y los grupos de autodefensa, como las Cooperativas Convivir, fueron favorecidas y tienen un soporte legal amparado por el Estado, eso no quiere decir que el papel del ganadero haya sido únicamente de víctima y no de victimario.


El informe Justicia y paz: los silencios y olvidos de la verdad, publicado por el CNMH bajo la dirección de Gonzalo Sánchez Gómez narra y explica los antecedentes de grupos de autodefensa como las convivir. El documento explica que el antecedente jurídico de este tipo de organizaciones fue el decreto 3398 de 1965 expedido por el presidente Guillermo León Valencia, en uso de las facultades que le otorgó el estado de sitio. El objetivo de este decreto era coordinar las acciones gubernamentales con “la fuerza viva de la nación”, ante la carencia de un reglamento que permitiría conformar planes de seguridad.


El artículo número 25 del decreto establece que: “Todos los colombianos, hombres y mujeres no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. Bajo ese decreto, más la Ley 48 de 1968, se dispuso la creación de los grupos de autodefensa. Estos tenían un número de reglamentos que quedó registrado en diferentes manuales de contraguerrilla publicados por las Fuerzas Armadas.


A partir del Decreto 3398, el término autodefensas pasa a ser utilizado para identificar "grupos de civiles autorizados para usar armas y que actuaban al amparo de la ley, bajo la tutela del Ministerio de Defensa, con el propósito de apoyar las Fuerzas Armadas en la defensa contra los ataques de los grupos subversivos”, según el informe del CNMH.


Estas juntas civiles y grupos de autodefensa pasaron a ser conocidos como grupos “paramilitares” en la década de los ochenta, debido a que a través del uso de las armas y la fuerza, en ciertos territorios reemplazaron los organismos estatales encargados de mantener el orden público. El primer antecedente de este tipo de organizaciones fue la creación en 1981 del grupo Muerte a Secuestradores, creado y financiado por narcotraficantes para rescatar a la hermana de uno de estos y tomar represalias contra la guerrilla que realizó la acción.


Este proceso de creación de cuerpos privados que utilizaban las armas para sustituir a las autoridades se multiplicó hasta llegar a 1987. En el informe del CNMH se cita un artículo de la Revista Semana en el que se relata que ese año, César Gaviria Trujillo, ministro de Gobierno, reconoció frente al Congreso de la República la existencia de centenares de grupos paramilitares en el país, que eran difíciles de combatir, debido a su legalidad.


Este evento dio como resultado la suspensión de la vigencia del Decreto 3398 y de la Ley 48 en 1989, bajo el mandato del presidente Virgilio Barco. Además, se expidió el Decreto 813 de 1989, donde “se dictan disposiciones tendientes a combatir los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada”.



<< La investigación de los ganaderos recoge 1.936 testimonios y registra 6.202 víctimas del conflicto.

Foto: @Fundagan


Las cooperativas Convivir aparecen en 1994, paradójicamente, bajo la presidencia de César Gaviria Trujillo. En el Decreto 365 de ese año se establece que: “El presente decreto tiene por objeto establecer el estatuto para la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada”. El decreto define seguridad privada como servicios que pueden ser remunerados o no en beneficio de una organización pública o privada realizada por una persona natural o jurídica con el fin de evitar perturbaciones a la seguridad.


Debido a que estos grupos de vigilancia fueron tomando mayor autonomía y se convirtieron en grupos paramilitares sin mayor control, la Corte Constitucional tomó la decisión de corregir el Decreto 365 y lo modificó a través de la Resolución 7164, de octubre 22 de 1997. La resolución abolió el nombre “Convivir” y separó las cooperativas en Servicios Especiales (privados) y Servicios Comunitarios (seguridad pública).


Si bien todos los datos recogidos por el informe del CNMH respaldan la afirmación de Lafaurie sobre las Cooperativas Convivir y otras organizaciones como las juntas civiles y grupos de autodefensa, esto no quiere decir que el papel de los ganaderos haya sido exclusivamente de víctimas. De hecho, hay varias investigaciones y fallos contra ganaderos por nexos con líderes paramilitares e, incluso, financiamiento y asesoría.


Uno de los ejemplos más conocidos fue la condena proferida el 20 de junio del 2018 contra Jorge Visbal Martelo, ex presidente de Fedegán entre 1991 y el 2004, condenado a nueve años de prisión por nexos con paramilitares. Según una noticia publicada en El Tiempo, la condena se la impuso “un juez de Bogotá por apoyar a las autodefensas, especialmente en la Costa Atlántica, y, sobre todo, por hacer parte del ‘grupo especial asesor’ que hablaba al oído de Carlos Castaño, máximo jefe de las Auc”. En la página web de consultas de procesos judiciales de todos los organismos de la rama judicial no aparece la sentencia. Sin embargo, se puede consultar el proceso que le sucede a esta. En el documento se indica que el 15 de noviembre de 2018 se “confirma la sentencia condenatoria proferida el 20 de junio de 2018 por el Juez 5 Penal del Circuito Especializado de Bogotá contra Jorge Aníbal Visbal Martelo”.


De otra parte, en 2009, Camilo González, como presidente del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz - Indepaz, en declaraciones recogidas por El Espectador aseguró que “el actual presidente de Fedegán (en el 2009), José Félix Lafaurie, dijo que desde el gremio ganadero se auspició a los paramilitares y lo justifica como una medida de autodefensa”. El medio respaldó la afirmación indicando que un repaso de los medios de comunicación constata que en noviembre del 2006: “efectivamente el presidente de Fedegán admitió que en el pasado los ganaderos financiaron a grupos paramilitares, al tiempo que exhortó a los miembros del gremio a comparecer ante la justicia si tienen alguna responsabilidad”.


Aunque no se pudo encontrar el discurso original del presidente de Fedegán, versiones de otros medios corroboran la afirmación de El Espectador. Uno de ellos es La Silla Vacía, que aseguró en un artículo que Lafaurie declaró a RCN el 19 de noviembre de 2006 que “el gremio (ganadero) tiene la valentía de asumir la responsabilidad de que en el pasado financió el movimiento paramilitar del país”. El Equipo Nizkor, organismo de derechos humanos especializado en derechos internacional, humanitario, civiles, económicos y sociales, también reseñó la declaración a la cadena radial y de ella citó un fragmento en el que Lafaurie señaló que: "si los jueces llaman a esos ganaderos, ellos tendrán que responder ante la sociedad”.








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