¿Quién podrá defender a EPM?

Por: Sebastián Carvajal Bolívar / sebastian.carvajalb@upb.edu.co

Empresas Públicas de Medellín es la “joya de la corona” de los Antioqueños. Con 65 años de historia, es la empresa más importante de la ciudad y la tercera más grande del país por ingresos operacionales durante 2019, según el ranquin de la revista Semana.

Todo el conglomerado distribuye el 35% de la energía de Colombia, cifra que se alcanzó con la reciente entrada en operación de Afinia, filial que atenderá cuatro departamentos de la Costa Atlántica, tras la salida de Electricaribe.

Lo más importante es que EPM es una empresa pública y sus dueños son todos los ciudadanos de Medellín. Esto supone importantes ingresos económicos para la administración municipal, que solo para este año recibió en trasferencias 1.3 billones de pesos, el 23 % del presupuesto.

Por esa misma razón está en la agenda de los políticos medellinenses. Gamonales, tradicionales, independientes y alternativos hacen campaña con la empresa y luego, durante su administración, esta cumple un papel importante en la ejecución de propuestas y proyectos claves para la ciudad y la región.

El conflicto en torno a Hidroituango se mueve entre las figuras que lo protagonizan y las consecuencias de sus decisiones. Ilustración: Jacobo Vélez Ramón.

En los últimos años, la compañía ha estado en el ojo del huracán, no solo en Antioquia sino en todo el país, por cuenta de los inconvenientes en la construcción del proyecto hidroeléctrico de Ituango.

En 2018, un derrumbe en unos de los túneles de desviación de agua generó una crisis que no solo puso en riesgo la estabilidad de las obras y la sostenibilidad de la empresa, sino que alertó a las comunidades aguas abajo ante un eventual derrumbe.

Aunque finalmente no hubo tragedia y las decisiones tomadas por la empresa evitaron una catástrofe aún mayor, la obra sufrió importantes retrasos y un sobrecosto que hoy no se termina de cuantificar. Ahora el debate es por quién va a responder por los daños.

En la ciudad, al igual que en muchos otros lugares del mundo, parece que solo hay dos caminos posibles y antagónicos para solucionar los problemas derivados de la crisis que ya ajusta dos años y medio: quienes defienden los intereses de EPM y quienes no.

Toda una narrativa política que se capitalizó durante las elecciones regionales de 2019 y se consolidó en los últimos meses cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente general de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, anunciaron un proceso de conciliación contra los contratistas de Hidroituango por 9.9 billones de pesos, acción que no fue aprobada por la junta directiva y que ocasionó su renuncia.

En los días posteriores, personas cercanas al alcalde sugirieron que la junta estaba coaptada por el GEA y su accionar respondía a los intereses de sus empresas y los contratistas de la hidroeléctrica.

Declaraciones que han sido desmentidas por los mismos miembros de esa junta directiva. Solo uno de los integrantes, Luis Fernando Álvarez, tendría un conflicto de intereses por su asesoramiento jurídico a integral, tal como lo ha indicado una investigación de Contexto y De la Urbe.

Seguramente hay argumentos destacables de parte y parte que pudieran dialogar entre sí para buscar una solución integral a la crisis. En últimas, el objetivo es salvaguardar el patrimonio público de los medellinenses, pero el debate se ha reducido a la simplicidad de quienes están a favor y en contra.

Hasta este punto pareciera que el deseo de tener la razón primara sobre el interés de proteger los intereses de EPM por parte de Quintero y de otros actores políticos como el propio exalcalde Federico Gutiérrez, quien también tiene que responder por las decisiones que se tomaron durante su administración.

Una cosa es que lo que se manifiesta en los medios de comunicación y en las esferas políticas de la ciudad, y otra muy distinta es la realidad al interior de la compañía, que por lo general se ha caracterizado por un buen manejo administrativo, técnico y legal.

En ese sentido, el horizonte empresarial de EPM debería estar trazado por decisiones tecnocráticas y no políticas que le garanticen la sostenibilidad en el tiempo y salvaguarden sus intereses económicos, jurídicos y reputacionales.

Las discusiones sobre EPM no se pueden ceñir exclusivamente a los requerimientos del alcalde de turno. Sus determinaciones deben emerger de una correcta administración empresarial que sea respaldada por la ciudad a través de veedurías, organismos de control y el propio Concejo Municipal. Ante ese panorama de incertidumbre… ¿Quiénes podrán defender a EPM de los intereses políticos y económicos?