El Clan del Golfo en Colombia, un reto para la “Paz total”
El Clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es una de las organizaciones criminales más poderosas del país; para comprenderla es importante conocer el origen de estos fenómenos. Inicialmente, en los años 60 nacen las guerrillas colombianas, grupos insurgentes con ideologías políticas y sociales populares. Se empezaron a radicar en zonas como Córdoba, Sucre, Urabá y el sur del país, lugares caracterizados por ser ganaderos, mineros y agroindustriales.
Paulina Serna Lopera y Maria Paula Colorado Villa / periodico.contexto@upb.edu.co
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en la Cátedra Basta Ya: Orígenes, dinámicas y crecimiento del conflicto armado “las guerrillas han tenido tres etapas a lo largo de este medio siglo. La primera, de nacimiento y anclaje en sus territorios hasta finales de los años 70. La segunda, a principios de los años 80 cuando se proponen acumular fuerzas combinando todas las formas de lucha con miras a una insurrección y a la toma del poder. La tercera ocurre durante los siguientes 20 años, cuando abandonan los espacios políticos y buscan a través de las armas el colapso del Estado, y de las élites económicas y políticas regionales y nacionales, por la vía exclusivamente violenta”. Como respuesta, sectores de las Fuerzas Armadas de Colombia, todavía permeados por los ideales radicales del Frente Nacional, tomaron medidas igual de violentas para combatir a estos grupos. Además, los enfrentamientos tomaron fuerza con la aprobación de “la Ley 48 de 1968 que autorizaba las autodefensas de civiles auspiciadas por las fuerzas militares, y que fueron la semilla de los grupos paramilitares”, afirma el CNMH.
El paramilitarismo surge a finales de los años 70 como una lucha de los sectores radicales de las élites para evitar cualquier tipo de competencia política de izquierda, en este caso, representada por las guerrillas, además defendían a los terratenientes de las extorsiones y secuestros realizados en la época. El CNMH plantea que estos primeros grupos “nacen con el enemigo adentro: el narcotráfico, (…) un núcleo central de estas autodefensas, en el Magdalena Medio, derivó en un grupo paramilitar cuando ganaderos, políticos y narcotraficantes buscaban contrarrestar la expansión territorial de las FARC, sabotear sus intenciones electorales y bloquear las reformas estructurales que se llevarían a cabo ante un eventual acuerdo con las guerrillas”.
El Urabá ha sido un punto importante en el conflicto, pues allí se han radicado diferentes grupos armados. La influencia de grupos guerrilleros en el sector se dio en los 80, cuando ayudaban a los sindicatos de trabajadores bananeros: Sintrabanano y Sintagro, quienes se fusionaron luego en Sintrainagro. Según el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –Clacso-, los trabajadores laboraban en condiciones inhumanas pues “las relaciones laborales se configuran en medio de la precaria presencia institucional del Estado por su lejanía con respecto a los trabajadores, el desconocimiento de los empresarios bananeros de la normatividad laboral vigente y la precariedad de las condiciones laborales. Esto creó las condiciones para que la acción de los sindicatos se diera en coordinación con grupos guerrilleros y siguieran sus orientaciones”. Los sindicalistas se levantaron ante esta situación, sin embargo, también fueron perseguidos y asesinados. Durante años seguía su lucha, acompañada de masacres a sus líderes y la presencia de grupos armados en el territorio bananero.
Por su parte, el negocio del narcotráfico como es ahora, se considera la herencia del Cartel de Medellín y el Cartel de Cali, quienes tuvieron auge en los 90. En esta misma época la máxima expresión del paramilitarismo como se conoce hoy aparece con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá al mando de Carlos Castaño, quienes tras años de violencia derrotaron a las FARC en Urabá, explica el CNMH. Luego, se agruparon como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), seguían los mismos ideales pero también se sostenían por medio del narcotráfico. Como dice Natalia Chaparro en El Crimen en la globalización contemporánea: el caso del “Clan del Golfo” en Colombia, “este grupo financió su lucha armada contra las guerrillas y su ejercicio de poder, a través de la extorsión, del secuestro y principalmente del narcotráfico, consolidando rutas propias y un mercado estable a nivel transnacional.” Los enfrentamientos constantes, además del crecimiento del narcotráfico promovido también por los diferentes grupos paramilitares y guerrilleros, desembocaron en minería ilegal, extorsiones, secuestros, masacres y demás acciones que afectan a la población civil.
Aunque los Carteles desaparecen, el narcotráfico toma cada vez más poder, pues se considera la fuente principal de ingresos en grupos insurgentes y contrainsurgentes quienes luchan por el dominio de los territorios como el Urabá y otros donde pueden asentarse, liderar el negocio y a su vez expandir sus ideologías.
Dentro de las organizaciones paramilitares se generaron disputas especialmente entre el Bloque Metro, representado por Carlos Castaño y el Bloque Cacique Nutibara con nexos con la oficina de envigado, más cercano a Vicente Castaño. Se vivió un “conflicto entre un modelo clásico y político de paramilitarismo (presuntamente encarnado por el Bloque Metro) y un modelo corrompido por el narcotráfico (presuntamente encarnado por el Bloque Cacique Nutibara y otros)”, explica Juan Diego Restrepo en su libro Las vueltas de la Oficina de Envigado.
Es decir, para Carlos Castaño era contradictorio trabajar en alianza con el narcotráfico que representaba lo que en principio se consideraba una de las problemáticas Nacionales con las que pretendían acabar. Estas disputas terminaron en el asesinato de Carlos el 16 de abril de 2004, según el portal Verdad Abierta, testimonios de exparamilitares como Elkin Casarrubia Posada, afirman que Vicente Castaño, su hermano, ordenó matarlo.
Capturas e incautaciones en operativo contra el Clan del Golfo en Tarazá, Antioquia, en enero de 2021. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Los orígenes del Clan
Ahora bien, los inicios del Clan del Golfo, encabezado por Vicente Castaño, se remontan específicamente al año 2006 con la desmovilización de las AUC, sin embargo, desde una mirada más profunda es una consecuencia de la historia del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. Lo que le ha permitido sobrevivir durante tantos años ha sido su capacidad de expansión, por medio de alianzas estratégicas con otros grupos delincuenciales, desde las bandas de los barrios hasta otros más organizados como la Oficina de Envigado.
En su prólogo al libro Las vueltas de la Oficina de Envigado, la periodista MaríaTeresa Ronderos expone que: “Luego de los acuerdos de Santa Fe de Ralito entre el gobierno Uribe y las AUC, cuando Murillo Bejarano oficialmente desmontó sus bloques paramilitares, no se acabó la Oficina. Mientras entregaban armas en las pantallas de la televisión (…) la Oficina seguía tras bambalinas operando el crimen de la ciudad, entonces ya sin contrincantes.”
La desmovilización de las AUC no dejó solo a una disidencia, sino que el poder del negocio y el dominio sobre los territorios en los que tenía presencia se disputaba entre Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, y Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”. Valenciano quedó a cargo de las rutas de narcotráfico en “ciudades clave para el tráfico de drogas como Montería, Cartagena, Barranquilla, Riohacha, Valledupar y San Andrés”; para tomar fuerza generó alianzas con Los Paisas y diferentes bandas armadas del sur del Valle de Aburrá. Por su parte, Sebastián, para competir contra Valenciano armó tropas con gran cantidad de desmovilizados de las AUC, bandas del norte del Valle de Aburrá y posteriormente se alió con Los Rastrojos. Al final, ambos se debilitaron y el poder quedó entre La Oficina y Los Urabeños, quienes en el 2013 intentaron llegar a un acuerdo para coexistir en los territorios, pero tan solo meses después, en el 2014, rompieron el pacto y volvieron a confrontarse con menos intensidad, así lo explica Restrepo, periodista e investigador.
Luego de la muerte de Vicente Castaño en 2007, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, empezó a liderar a los entonces llamados “urabeños”, quienes a mediados de los 2000 fueron considerados por las autoridades como un tipo de BACRIM (Bandas Criminales), dedicados principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal. Víctor Barrera, investigador del CINEP, explica que esta denominación se da luego de los acuerdos de Ralito como una forma de aclarar que la desmovilización paramilitar había sido un éxito y los grupos que quedaban eran delincuencias comunes, pues a nivel judicial acaparar al Clan del Golfo en esta denominación le restaba estatus político y a su vez limitaba las respuestas defensivas del estado quienes solo podían accionar por medio de la policía. Según Aura Hernández, Alejandra Ripoll, y Juan C. García, investigadores de relaciones internacionales y estudios políticos, en su artículo “El Clan del golfo”: ¿el nuevo paramilitarismo o delincuencia organizada? publicado en 2018, este tipo de organizaciones surgieron por “la ausencia de un plan de contingencia estatal efectivo pos desmovilización de los grupos paramilitares”, específicamente de las AUC entre el 2003 y 2006.
Posteriormente en el 2016 la organización, ahora llamada Clan del Golfo, es considerada por el Estado como un Grupo Armado Organizado (GAO), lo cual permite que las Fuerzas Armadas se encarguen de combatirlos. Barrera comenta que esta iniciativa empieza a discutirse en 2011 con el proyecto de ley presentado por el excongresista Juan Lozano, debido al impacto violento que estaban teniendo en los territorios y la poca eficiencia de las acciones defensivas de la Policía que no podían ser proporcionales a la amenaza según el estatus de la organización. En el artículo 2 de la Ley 1908 de 2018, definen a los Grupos Armados Organizados como “aquellos que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, es decir, estas organizaciones se caracterizan por usar la violencia armada contra instituciones del Estado, civiles o contra grupos armados, generan más que disturbios y tensiones internas, y tienen un mando definido que dirija a sus miembros.
Con la captura de Don Mario en el 2009, siguió al mando Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Este cabecilla se enfrentó al operativo Agamenón I y II considerado “el más grande en toda la historia en contra de una organización criminal y en articulación y con la unión de esfuerzos de diferentes actores del sistema nacional e internacional”, explica Jhonatan Salazar, magister en relaciones internacionales. En junio de 2017 inició la operación Agamenón II, para la cual según la Fundación Ideas para la Paz “se destinaron cerca de 250 soldados de la Séptima División del Ejército. Asimismo, se incrementó el pie de fuerza policial a 2.500 uniformados y se aumentó el radio de acción de la operación a los departamentos de Chocó, Córdoba, Cauca y Bolívar”. Esta estrategia tuvo fin luego de 6 años con la captura de alias Otoniel en 2021, ese mismo año “se capturaron 2.139 integrantes de esta organización. A esta cifra se le suman los logros reportados entre 2015 y 2020, donde se adelantaron 4.013 capturas y 146 neutralizaciones (bajas), entre las cuales se encuentran las de 33 cabecillas”, afirma INDEPAZ.
Como una hidra
Actualmente, el Clan del Golfo se encuentra al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito malo”, como explica Natalia Chaparro, profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, en su tesis El Crimen en la globalización contemporánea: el caso del “Clan del Golfo” en Colombia, se denominan a sí mismos como “una organización Político Militar de resistencia civil en armas, de carácter social, transitoriamente en la ilegalidad, defensora de la población vulnerable víctima del conflicto social armado”, sin embargo, su ideología política no trasciende en la práctica más allá de las actividades violentas e ilegales que realizan con fines económicos.
Los líderes que han pasado de generación en generación y de un grupo armado a otro, permiten que exista una continuidad del negocio. Los momentos en diversos territorios de Colombia en los que políticos y empresarios han acudido a la ilegalidad por medio de estas estructuras criminales, les da fuerza, contactos y alianzas. Víctor Barrera explica que el Clan del Golfo no incide profundamente en los procesos electorales a favor de un sector político determinado, sino que apoyan al candidato que lo solicite y pueda asegurarles que al ser elegido les permitirá seguir realizando sus acciones ilegales en los territorios. Además, realizan soborno con dinero a funcionarios públicos, miembros de la policía y ejército.
Para INDEPAZ en el Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022, el Clan del Golfo es considerado el grupo armado más grande del país, para el 2022 “se identificó actividad de este grupo en 326 municipios -incluyendo municipios advertidos por la Defensoría-, la más alta registrada durante los dieciséis años del seguimiento realizado por Indepaz” lo que hace casi impredecible su forma de operar. Investigaciones de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) mencionan que lo hacen como grupos estructurados en red con determinados papeles internos, su fuerza radica en las alianzas estratégicas que le permiten tener control sobre diversos territorios.https://view.genial.ly/6467eb6d2007eb001844503d/interactive-content-estructura-del-clan-del-golfo
Esta gráfica describe la forma organizativa que ha tomado el Clan del Golfo a la actualidad. Clic en la Imagen para navegar la infografía. Paulina Serna - María Paula Villa.
Según esta estructura, cada uno de los cabecillas cuenta con una organización autónoma, con capacidad militar y conocimiento territorial excepcional que les ha permitido diversificar las actividades criminales, de las cuales provienen significativas utilidades para su mantenimiento. Como expone el Centro Nacional De Memoria Histórica, sus líderes y cabecillas no son indispensables para la supervivencia de la organización, haciendo difícil para el Estado establecer los nexos y conexiones que existen entre los diferentes tipos de organizaciones. "El Clan del Golfo es una organización sofisticada que tiene una estructura estable, un ancla en negocios legales como la ganadería y un portafolio amplio de actividades criminales que incluyen la extorsión o la venta de servicios de coerción", dice Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en Bogotá.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia operan por medio de una “tercerización criminal", se contactan con grupos delincuenciales de diferentes barrios y comunas para formar alianzas que promueven el microtráfico, la extorsión y los homicidios. Según Chaparro, “la forma en que el Clan del Golfo recluta a estos grupos bien puede ser eliminando al jefe de la pandilla de su interés y enviando un mensaje a sus miembros para que se adhieran a su organización, o a través del reclutamiento de 3 o 4 personas con un pasado criminal para formar una nueva banda delincuencial, donde ofrecen de 1 a 2 millones por cada persona adicional que se integre al grupo en cuestión”. No tienen una ideología que cohesione a sus miembros, "la permanencia de sus integrantes obedece, más que todo, a una lógica económica, ya que integran esta agrupación a cambio de un sueldo", dice la Fundación Ideas para la Paz.
En el recuento realizado por INDEPAZ, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se encuentran presentes tanto en los territorios selváticos como en zonas rurales y urbanas, teniendo su estructura de “mando y control” en el Urabá antioqueño, con operaciones que se extienden desde el Bajo Cauca antioqueño, el Valle de Aburrá, Chocó, Córdoba, Guaviare y Vichada, Norte de Santander, la Costa Caribe, Putumayo, Magdalena Medio, Buenaventura, hasta la frontera con Ecuador. Como explica Chaparro, la organización cuenta con dos tipos de componentes: el primero es el componente armado, compuesto por el Urabá antioqueño y chocoano, sur de Córdoba y zonas urbanas y semiurbanas del Bajo Cauca, y el segundo es el componente de subcontratación, que está distribuido en otras regiones del país.
Presencia AGC en Colombia en 2022. Mapa: Indepaz.
Es de resaltar el caso de Medellín, “donde han logrado pasar de alianzas con la Oficina y otros grupos, a tener presencia propia en varias comunas y a participar en la matriz cívico-militar que regula la violencia y el orden en la ciudad. Según datos de la Fiscalía y la Policía Nacional, para el 2017, el Clan del Golfo poseía el control del 30 % de las bandas que operan en Medellín y en el resto del Valle de Aburrá, y controlaban con sus bandas a La Estrella, Caldas, el barrio La Sierra (de Medellín) y Barbosa”, explica INDEPAZ.
Según el informe Desafío a la Paz Total, su estrategia es ubicar su gestión y producción en zonas de bajo riesgo, donde poseen un control relativo del entorno institucional, mientras buscan unos mercados preferentes en zonas de demanda más rica, a fin de cobrar precios más altos. Por su parte, su estructura base se encuentra en Urabá. Sin embargo, en muchas regiones la banda opera con estructuras descentralizadas que están armadas y que no necesariamente siguen las directrices de alias “Chiquito malo”. .
En Medellín, por ejemplo, contrataron pandillas locales para enfrentarse y ganar territorio de la debilitada "Oficina de Envigado". Así mismo, reclutan a colaboradores para que informen sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad en zonas claves como puertos marítimos en la Costa Caribe y lugares donde se compra la base de coca como Tarazá y Caucasia, en Antioquia. Barrera explica que las AGC usan un modelo de subcontratación que no es ocasional sino que es un intercambio donde se distribuyen responsabilidades entre las dos agrupaciones porque resulta más eficiente para ambas partes, no pierden su individualidad y buscan lugares donde existan intereses estratégicos. Menciona el ejemplo de Nariño con alias Matamba quien “trabajaba para el Clan del Golfo, pero no era el Clan del Golfo, tenía una estructura mutada de redes de corrupción, de redes logísticas de transporte y de mercancías que ponía al servicio del Clan del Golfo a cambio de mayor capacidad militar en el territorio y los apoyos que requería ocasionalmente”.
Olmer Muñoz, experto en seguridad, defensa nacional y seguridad urbana, habla sobre la criminalidad en Medellín con relación al Clan del Golfo, la subcontratación y las situaciones sociales que inciden en esta problemática:
La presencia del Clan del Golfo en Colombia ha resultado en un aumento de violencia en las áreas donde opera la organización. Por ejemplo, en el paro armado realizado por esta organización durante 6 días consecutivos en mayo de 2022, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el informe Desafíos a las Garantías de no repetición. Un balance general de las acciones violentas cometidas por el clan del golfo durante seis días de paro armado, mayo de 2022, se registraron por lo menos “398 hechos de violencia que sucedieron en 194 municipios de 13 departamentos”, que hacen alusión a homicidios, secuestros y extorsiones. Ejecutaron 26 homicidios a líderes sociales, políticos y demás personas de las regiones en municipios de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Santander, Sucre, La guajira; y 165 acciones en contra del libre tránsito y expresión en 139 municipios de Antioquia, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Magdalena, Santander, Sucre, Valle del Cauca, Norte de Santander y La Guajira, lo cual afectó la economía en los territorios y la movilidad de ciudadanos incluso para ir a trabajar o estudiar. El siguiente mapa da cuenta de las acciones criminales vividas en cada departamento:
Clic en la imagen para navegar la infografía. Elaboración: Paulina Serna - María Paula Villa.
El Clan del Golfo afecta negativamente el desarrollo económico y social del país. Una de las razones es que se ha infiltrado en instituciones gubernamentales y empresas privadas en Colombia, lo que ha llevado a un aumento de la corrupción y la impunidad. Además, llegan a distintos lugares donde existen oportunidades estratégicas para asuntos logísticos, un punto en común es que son territorios periféricos en los que logran tener mayor control. Víctor Barrera habla de una problemática que se da en estos sectores, pues la droga que no sale del país se mueve internamente a través del microtráfico, un negocio rentable para las AGC pero que tiene consecuencias sociales negativas como el aumento en niveles de drogadicción y plazas de droga en el sector. Explica que, con el tiempo, el consumidor se vuelve alguien peligroso para la comunidad y para el mismo Clan del Golfo, quienes terminan castigando a los jóvenes asociados a la problemática.
El actual gobierno sancionó la modificación y prórroga de la Ley 418 de 1997, con el enfoque de Paz Total. En ella se define “la política de paz como una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos”. Esta ley se encarga entonces de brindar las normas bajo las cuales se llevan a cabo los procesos de búsqueda de convivencia y justicia en el país.
Este discurso ha estado presente desde su campaña en el gobierno Petro, y ahora por medio de la JEP y demás entidades encargadas, trabajan para establecer diálogos y acuerdos con los diferentes grupos armados. En el caso del Clan del Golfo, se habla de “firmar términos de sometimiento a la justicia”, debido a sus características como organización criminal. Esto implica unas garantías y deberes específicos, pues, a diferencia de otras organizaciones que hacen parte del proceso de paz y realizan negociaciones, ellos deberán “entregarse y aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido”, además serán procesados igual que otros grupos delincuenciales y deberán procurar ser desmantelados. El problema surge en la disposición de las AGC para aceptar estos términos pues, como otros actores del conflicto armado, para ellos es más factible hacer parte de las negociaciones de paz.
Además, Barrera comenta algunos retos para la Paz total: el primero es que “estas AGC no tienen la misma cohesión de antes”, es decir, comprometerse a algún acuerdo sería más difícil de garantizar pues ahora están repartidos en diferentes subgrupos de narcotráfico que no necesariamente siguen las órdenes del actual cabecilla. En segundo lugar “es un reto político que trae costos muy altos” y el tercer reto es que “no hay una ley de sometimiento que se haya aprobado en el Congreso; va a ser muy difícil que salga una ley de sometimiento atractiva para ellos, y que además no depende del Gobierno sino de la Fiscalía y el Congreso”. También es un grupo que necesita un manejo especial y riguroso. Sin embargo, “una ley de sometimiento no puede presentarte para un grupo específicamente” sino que debe seguir funcionando en el tiempo para otros actores del conflicto armado.
En el siguiente podcast, el investigador Luis Fernando Trejos habla sobre el Clan del Golfo, el proceso de paz y explica elementos claves de actualidad sobre esta organización criminal:
La multiplicidad de frentes en los que este grupo infiltra su accionar e impone dinámicas criminales. aumenta la posibilidad de violaciones a los derechos humanos de los civiles, lo que debilita la capacidad del Estado para proporcionar garantías básicas a los ciudadanos, lo que deteriora las relaciones de confianza de la población en las instituciones gubernamentales y amenaza la estabilidad del país. El gran reto del Gobierno es garantizar que, por medio de unas estrategias efectivas para la Paz total, se lleve un seguimiento y se lleguen a acuerdos claros con esta organización, para darle fin a la guerra que por años se ha prolongado en Colombia y que continúa multiplicándose.
