Los modos de lavar activos en Medellín

Medellín ha sido permeada por las estrategias que las organizaciones criminales han empleado para lavar dinero. La forma en la que ocultan sus bienes o dinero producto de sus actividades ilícitas ha dificultado la labor de judicializar este delito.

La operación "Amonet", en octubre de 2019, fue la más reciente ocupación masiva de bienes producto de rentas ilegales en el país. Involucró estructuras criminales de Antioquia, principalmente. Foto: Fiscalía General de la Nación.

“En el mundo de hoy, fenómenos como el incremento del comercio mundial y la globalización han facilitado la configuración de plataformas o sistemas a partir de los cuales se dan movimientos de personas, de información, de capitales, de bienes y servicios, así como una mayor interconexión entre Estados y personas. Sin embargo, estas plataformas y canales son también aprovechados por Grupos de Criminalidad Organizada, para desarrollar complejas operaciones de criminalidad económica”. El libro Flujos ilícitos y redes criminales, de la Fiscalía General de la Nación explica a grandes rasgos el origen de un fenómeno criminal que, aunque opera de manera soterrada, tiene consecuencias visibles en lo social y económico.

Antioquia y en especial Medellín, han sido durante más de cuatro décadas el epicentro de actividades realizadas por organizaciones criminales, que tuvieron mucha visibilidad en los años 80, cuando el sicariato fue uno de los pilares de las empresas criminales, encabezadas por el Cartel de Medellín, organización que tenía en el narcotráfico la base de negocios que encontraron una forma de subsistir al involucrarse en diversos sectores de la economía regional como la propiedad raíz, la construcción, el comercio de bienes y servicios, las actividades turísticas, entre otros.

La mezcla entre actividades lícitas e ilícitas describe la historia que continúa con organizaciones como la llamada “Oficina” y “La Terraza”, nombres que siguen sonando en las noticias locales, junto a los de otros grupos delincuenciales con significativo poder económico, territorial y armado, pues la necesidad de lavar las rentas criminales y poner ese dinero a circular siempre ha existido, pero solo hasta hace pocas décadas esta ha sido abordada como una situación trascendente dentro de la política criminal del Estado, según explicó así el fiscal John Henry Aristizabal, de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín.

Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigación del lavado de activos en Medellín, precisó que las condiciones y las capacidades que desarrollan los grupos criminales y les han permitido a su economía muy alta rentabilidad, deriva de que las rentas ilícitas se destina de diversa manera: para sostener su estructura bélica, para el pago de nóminas, sobornos y servicios requeridos, como los de asesoría jurídica; pero otra gran parte de su dinero se invierte en actividades económicas legales que producen ingresos lícitos con los cuales se adquieren bienes o participación en sociedades. Así, entre uno y otro lado de la ley, se financia la actividad criminal.

La trayectoria de la actividad criminal en la ciudad y sus alcances globales han diversificado y sofisticado los mecanismos de lavado de activos, lo que pone sobre la mesa preguntas como qué efectos tienen estas rentas ilícitas en la dinámica económica en general de la ciudad y la región. Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigación del lavado de activos en Medellín, explica las principales modalidades del blanqueo de capitales, cuya complejidad depende del nivel de asesoramiento externo con el que cuenten las organizaciones criminales que, según la fiscal, acuden, por ejemplo, a maniobras de doble contabilidad, ocultamiento de patrimonios, creación y cierre de empresas, transferencias bancarias en el país y el exterior, complejas actuaciones jurídicas y financieras, entre las que se destacan:

Transferencias de dinero

Bajo esta modalidad, los criminales buscan personas que presten su nombre y documentos de identidad para recibir remesas (envíos de dinero), por montos que permitan pasar desapercibidos ante los controles de las entidades financieras y las autoridades. El llamado “pitufeo” se hace por medio de entidades bancarias o empresas de giros y servicios, con personas que por su condición económica aceptan se responsables de las transacciones, a cambio de una comisión, que las hace cómplices del delito.

Inversión en empresas legales destinadas a la quiebra

Empresas legales con experiencia y problemas financieros graves se convierten en el objetivo de criminales que ofrecen una inyección de capital a mediano y largo plazo para normalizar la situación. La estructura empresarial termina como fachada de los negocios y transacciones ilícitas, con dineros que, ahora bajo los registros contables de la empresa, logran su apariencia legal.

Exportaciones ficticias de bienes

Las empresas comercializadoras, ya sea porque que existen antes del vínculo ilegal o son creadas con fines de ese tipo, son la estructura para registrar ventas hacia el exterior de bienes, cuando las operaciones o los bienes realmente no han existido, pero sí generan un ingreso que termina “formalizándose” al existir registros y papeles que documentan intercambios de dinero por productos que no existen.

Adquisición de inmuebles o construcción

Según la fiscal Sandra Mesa, muchos de los dineros obtenidos de las actividades ilegales por los grupos organizados son invertidos en la compra y construcción de inmuebles como fincas, centros comerciales, hoteles y similares. El ingreso producto de la venta o el arriendo permite el retorno de la inversión sin rastro aparente de ilegalidad.

Creación de empresas ficticias

Para usos como los expuestos anteriormente, se crean empresas que existen solo en papeles, no se abren en años, no tienen nómina ni actividad económica, que por ello no deberían generar altas utilidades que es lo que reflejan los estados financieros.

La complejidad de las modalidades de blanqueo "...depende del nivel de asesoramiento externo con el que cuenten las organizaciones criminales...". Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigación del lavado de activos en Medellín.

La trama de delitos entre las que se pierde el lavado

La fiscal Mesa explicó que no toda acción criminal se conecta necesariamente con el lavado de activos, pero, según el artículo 323 del Código Penal, entre los delitos que pueden ser fuente del mismo están el concierto para delinquir, la trata de personas, la extorsión, el contrabando, favorecimiento de contrabando, entre otros. La ley establece que todo dinero obtenido de esas conductas, que sea introducido al trafico económico del país, se considera dinero lavado.

La conexión con otros delitos es difícil de demostrar y hace del lavado de activos un fenómeno tan complejo que, por ejemplo, las investigaciones que a la fecha se han adelantado por contrabando en Antioquia no se han vinculado con el lavado de activos porque, con las complejidades de las formas de lavar activos antes expuestas, demostrar la procedencia ilegal de los dineros es muy difícil.

Bienes comerciales y para el ocio están entre los principales capitales que se usan para el blanqueo de rentas ilícitas. Ocupación de bienes en la operación "Amonet". Foto: Fiscalía General de la Nación.

Entre tanto, el patrullero Wilson Díaz Flórez, investigador de la Policía Fiscal y Aduanera, explicó que en la actualidad las organizaciones criminales utilizan como medio para el blanqueo de capitales el contrabando en sus diferentes modalidades; de esta manera, con frecuencia las organizaciones narcotraficantes envían droga al extranjero y en pago reciben mercancías que además ingresan sin los requisitos de ley (total o parcialmente, lo que aumenta el margen de ganancia), para simular la legalidad del dinero que recolectan a través de la venta.

Antioquia es una vitrina comercial, utilizada como zona para el ingreso, distribución y venta de mercancías de contrabando, por lo cual también es frecuente que el dinero con que se pagan provenga de actividades criminales. A la fecha, como investigador criminal Wilson Díaz Flórez, indica que ha adelantado operativos en Antioquia de gran envergadura contra organizaciones dedicadas al contrabando de textiles, de licor, cigarrillo, zapatería, pero señala con énfasis que en ninguna de esas investigaciones se ha logrado judicializar el delito de lavado de activos, pero sí se han aplicado medidas de extinción de dominio a dineros y bienes. Es por ello que Díaz Flórez sostiene que el futuro desde la investigación criminal apunta con gran fuerza a la judicialización del lavado de activos y la aplicación de extinción de dominio.

La lucha contra este delito no podría realizarse de manera efectiva sin medidas como estas. La fiscal especializada Mónica Gutiérrez señaló que la extinción de dominio no persigue personas, persigue bienes que son parte importante de las estructuras delincuenciales. Una de las acciones recientes de más visibilidad tuvo lugar en Medellín entre el 25 y 30 de octubre de 2019, sobre sobre bienes que vinculados a miembros o dineros provenientes de la organización criminal La Terraza, que posteriormente fueron vendidos a otras personas, traspaso que no borra la sombra de ilegalidad de los mismos: más de 380 activos entre carros, casas, fincas, bodegas comerciales, que pasan a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales –SAE-. Entre los vinculados con los ilícitos se encontraban miembros de La Terraza conocidos como El Chivo, El Cerdo, Pichigordo, El Chicho, quienes ya se encontraban vinculados a una investigación penal en la que solo faltaba identificar sus propiedades para aplicar sobre ellas extinción de dominio, según reveló Sandra Mesa.

Pese a la recurrencia de casos y la diversidad de modalidades del lavado de activos, la judicialización por este delito sigue siendo una novedad, rezago que permite que los grupos delincuenciales se fortalezcan económicamente y sus finanzas permeen la economía formal, especialmente las pequeñas y medianas empresas que, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, representan el 99.9% de los establecimientos productivos, contribuyen con el 80% del empleo en el país y aportan el 40% del Producto Interno Bruto nacional, una dinámica que es posible en un marco de libre y sana competencia, que es muy vulnerable a la influencia de dineros ilícitos que inciden en la oferta y demanda de productos o servicios.

Un efecto del lavado de activos

Las personas u organizaciones interesadas en el lavado de activos no dan prioridad a las ganancias de los negocios en que puedan llegar a inyectar capitales, pues lo más urgente es poner un velo de legalidad sobre los dineros. La situación contrasta con quienes sí trabajan calculando costos, gastos, beneficios, utilidades y quedan avasallados por el poderío económico ilegal, según señaló la fiscal Mesa.

Un ejemplo de la situación es el caso de Imagen Sublimática S.A.S, empresa nacida en 2014, con instalaciones en el Centro de la ciudad para la producción y comercialización de papel usado en el estampado por sublimación. La empresa contaba con 2 diseñadoras, base de información de moda que se compraba en internet. Una vez se hacía el diseño, se presentaba a los clientes para la aprobación y lo mínimo que se hacían eran 1.000 unidades por diseño, contratado a través de terceros en una empresa litográfica.

En un par de años el emprendimiento se fue a pique porque súbitamente aparecieron competidores que ‘rompieron el mercado’ con tintas importadas de Italia y China, de contrabando, sin pagar impuestos, montaron sus propias máquinas de litografía.

A pesar de que los diseños no eran los más producidos, los nuevos competidores comenzaron con precios que no concordaban con los márgenes de costos y ganancias usuales de empresas dedicadas a la misma actividad: “era obvio que el cliente prefería pagar un menor precio pues no le interesaba de dónde proviene el dinero o cómo lo estaban haciendo. El cliente solo busca su beneficio, obtener mayor utilidad y finalmente, sin pensarlo, se presta para beneficiar ese proceso de lavado y la quiebra de las empresas legales en Colombia”, relató una de las personas a cargo de la producción y ventas. Los precios que antes manejaban eran uniformes, la relación entre los colegas era buena y cada uno manejaba sus propios diseños.

Los papeles cuya fabricación anteriormente costaba 350 pesos por unidad, pasaron a ser vendidos por otros comerciantes a 250 pesos, el costo de importar legalmente tinta y papel era alto, lo que se reflejaba finalmente en el costo del papel para sublimación y el proceso en general. Sin embargo, comenzaron a ser ofrecidos por otros a la mitad del precio y sin ninguna garantía. La empresa no pudo mantenerse en el mercado porque los gastos y las sumas no cuadraban.

Y fue así como Sublimática pasó de vender millares de papel en 2014 a vender al menudeo en el 2016, cuando llegó el cierre del local no solo para ellos, también para los que empezaron en la misma época y no pudieron sostenerse ante la desventaja frente a los precios y volúmenes.

Efectos como estos en la economía formal dan nuevos elementos para comprender que es urgente la lucha contra el lavado de activos y que la tarea de las autoridades frente al fenómeno puede tener un apoyo en la acción de una ciudadanía que hoy tiene más herramientas para comprar de manera consciente y reconocer situaciones irregulares a la hora de adquirir bienes, servicios o hacer negocios.